La ley que ha firmado hoy el presidente de Estados Unidos, después de que el Congreso la aprobara ayer, concede 70.000 millones de dólares más a la campaña contra la inmigración que inició nada más regresar a la Casa Blanca. Los nuevos fondos se suman a la ya astronómica cantidad de 170.000 millones de dólares que se destinaron al mismo propósito en la ley presupuestaria (bautizada como “gran y hermosa” por el presidente) que se aprobó en julio de 2025. En total, la astronómica cantidad de 240.000 millones de dólares se destinará hasta el final del mandato de Donald Trump a conseguir la mayor deportación de la historia. La gestión de los fondos se ha puesto en entredicho en un contexto en el que la mayor parte de la población desaprueba la actuación de las agencias migratorias y se rebelan las pésimas condiciones en que se mantiene a los detenidos. “¿Dónde exactamente se va ese dinero? Es una pregunta seria, porque el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la CBP (la Oficina de Protección Fronteriza) aún están batallando para gastar los miles de millones de dólares que nuestros colegas republicanos les dieron el año pasado. ¿Cómo nos vamos a creer que estas agencias necesitan urgentemente 70.000 millones más?”, planteaba la representante demócrata de Pensilvania Mary Gay Scanlon, ante la votación de la Cámara de Representantes el martes. “Los estadounidenses tienen todas las razones para ser escépticos, sobre todo dada la corrupción que rodea el gasto y los contratos de esta administración”, denunció.La financiación extra que los republicanos sacaron adelante por medio de una polémica maniobra jamás utilizada para cuestiones presupuestarias y que les permitió prescindir del voto demócrata está destinada a las agencias que se encargan de las detenciones y deportaciones de los migrantes. El ICE y la CBP, de la que depende la Patrulla Fronteriza, se repartirán el dinero. El primero recibe una asignación de 38.000 millones de dólares; 26.000 millones irán a la CBP y otros 5.000 millones se reservan para cubrir costos imprevistos.La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos publicó el martes un informe en el que revela el mal uso que se está dando a los fondos, tomando como ejemplo una investigación sobre el centro de detención más grande del ICE, Camp East Montana, ubicado en El Paso. El informe publica que el contrato obliga al ICE a pagar el costo total de las comidas y los servicios operativos para 5.000 personas, incluso cuando la población del centro es muy inferior. A finales de febrero de 2026, el centro albergaba a unos 1.600 extranjeros detenidos. “Esto dio lugar a un despilfarro de millones de dólares”, denuncia la oficina. Además, el dinero no se usa para proporcionar un mínimo estándar a los detenidos, que denuncian las condiciones inhumanas en las que les mantienen, en unas instalaciones deficientes, sin acceso a una alimentación apropiada ni atención médica.“El centro no cumplió con normas fundamentales de detención, lo que puso en riesgo la seguridad tanto de los extranjeros detenidos como del personal”, dice el informe. El reporte detalla incidentes inquietantes ocurridos en el centro: un detenido murió en un incidente de uso de la fuerza que el forense del condado calificó de homicidio, y en el cual las pruebas relacionadas desaparecieron o fueron destruidas; un detenido se suicidó tras ser alojado en una celda equivocada y quedar sin vigilancia; una persona con tuberculosis positiva fue alojada con la población general después de que el contratista omitiera las pruebas obligatorias, y detenidos con diabetes y VIH carecían de planes de tratamiento.“Debemos exigir responsabilidades al Departamento de Seguridad Nacional por el trato que dispensa a los migrantes y por el despilfarro flagrante de los fondos de los contribuyentes”, declaró sobre el informe el representante demócrata de Misisipi Bennie G. Thompson.El ICE ya se había convertido en la agencia federal de cumplimiento de la ley con mayor presupuesto de la historia de Estados Unidos cuando en julio recibió 29.000 millones de dólares para detener y deportar a más inmigrantes con mayor rapidez. Aunque su presupuesto fue creciendo tanto con administraciones demócratas como republicanas desde que fue creado a comienzos de los 2000, la nueva inyección superó con creces los 9.000 millones de dólares de media de años anteriores. La Big Beautiful Bill destina además 45.000 millones de dólares para construir nuevos centros de detención; 47.000 millones para muros fronterizos y otras barreras; 16.000 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, incluyendo vigilancia y tecnología; 14.000 millones de dólares para agencias estatales y locales que participan en la aplicación de las leyes de inmigración, y 12.000 millones de dólares para más puestos de control, vehículos y agentes de la Patrulla Fronteriza.Que a las agencias migratorias no les falta dinero para su cometido quedó comprobado este año cuando fueron las únicas que pudieron seguir operando mientras el Departamento de Seguridad Nacional se mantuvo cerrado por más de dos meses por el desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre su presupuesto. La carta blanca que recibe el ICE con los nuevos fondos sin haber incluido ninguna de las reformas y mecanismos de control que los demócratas demandaban es motivo de preocupación. Los republicanos cerraron filas en torno a su presidente para aprobarlos, pero la senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, votó en contra. En un comunicado, señaló que, al asignar fondos para tres ejercicios fiscales en lugar del único año habitual, la medida “socava el proceso presupuestario ordinario y sienta un nuevo precedente para eludirlo cuando surgen discrepancias”. “Al hacerlo, se reduce la capacidad del Congreso para ejercer un control razonable sobre la política migratoria durante el resto de esta administración y la siguiente”, alertó.