La salida inesperada del general Erick Rodríguez, subjefe de operaciones de las Fuerzas Militares, produjo toda una polémica en el mundo castrense del país. Sobre su salda se manejaron dos hipótesis. Una presunta participación oculta en política del militar o que el gobierno le cobró por haber denunciado que los grupos criminales estaban carnetizando a la población civil para ejercer presión durante el calendario electoral. En las últimas horas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, publicó un trino en su cuenta en X, en el que, sin mencionar al general Rodríguez, negó que la salida o traslados de uniformados obedezca a represalias. “Las decisiones relacionadas con nombramientos, traslados o retiros responden exclusivamente a necesidades del servicio y a criterios propios de la administración del personal. Bajo ninguna circunstancia constituyen represalias por el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, incluida la obligación de denunciar conductas que afecten la seguridad, el orden público o la integridad institucional”, dijo el ministro Sánchez. En medio de la polémica dentro de los cuarteles militares, se comenta sobre los criterios que tiene el gobierno para remover a los generales y pusieron el caso del general Federico Mejía, quien se encuentra indagado por varios delitos graves y su presunta responsabilidad.