Jorge Bellver se ha situado, a su pesar, en el debate político valenciano en un momento especialmente delicado para el PP de Juanfran Pérez Llorca. Su nombre, vinculado durante años a los gobiernos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, de donde fue concejal de Urbanismo, reaparece ahora en la primera línea informativa no por su trayectoria institucional, sino por su situación procesal en el caso Azud, una de las macrocausas de corrupción urbanística que todavía colea en los tribunales y que afecta tanto a exconsejales del PP como del PSPV.La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado su condición de investigado al desestimar el recurso presentado por su defensa. La decisión no supone un avance sustancial en la instrucción, pero sí tiene un efecto político inmediato: sitúa a Bellver en una posición incómoda dentro de la estructura de la Generalitat y obliga al nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, a reaccionar en sus primeros meses de mandato. De entrada, ayer se anunció su suspensión de militancia del partido.La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado su condición de investigado al desestimar el recurso presentado por su defensaBellver ocupa en la actualidad la Dirección General de Transparencia, un cargo especialmente sensible dentro del organigrama autonómico, precisamente por su función de control y promoción de la integridad institucional. La paradoja es evidente y no ha pasado desapercibida: el responsable de una de las áreas clave en materia de buen gobierno se encuentra, a su vez, investigado en una causa que indaga presuntas irregularidades urbanísticas y el pago de comisiones a responsables políticos y funcionarios entre finales de los años noventa.El caso Azud, en el que se integra su situación procesal, investiga una supuesta red de influencias en torno a decisiones urbanísticas en el Ayuntamiento de València y otros organismos públicos. En ese contexto, Bellver aparece vinculado a su etapa como concejal de Urbanismo durante los mandatos de Rita Barberá, una época que sigue proyectando una larga sombra sobre la política valenciana de aquel tiempo.Según las diligencias incorporadas a la causa, los investigadores analizan la relación entre distintos cargos públicos y empresarios relacionados con el Grupo Axis, señalado por la Fiscalía Anticorrupción como uno de los ejes económicos de la presunta trama. Entre los indicios que figuran en el sumario se incluyen supuestos regalos y atenciones que, de acuerdo con la investigación, podrían haber estado vinculados a determinadas decisiones administrativas.Bellver ha negado de forma reiterada cualquier irregularidad y ha defendido que su actuación siempre se ajustó a la legalidadBellver ha negado de forma reiterada cualquier irregularidad y ha defendido que su actuación siempre se ajustó a la legalidad. Su estrategia de defensa ha pasado por intentar el archivo de la causa, alegando, entre otras cuestiones, la supuesta nulidad de algunas actuaciones judiciales practicadas cuando ya ostentaba la condición de diputado autonómico y, por tanto, aforado. Tanto la Fiscalía como la propia Audiencia han rechazado ese planteamiento, al considerar que la instrucción se ha desarrollado conforme a derecho y sin vulneración de garantías procesales.La reacción del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se produjo tras conocerse la resolución judicial de la Audiencia. El jefe del Consell trasladó al Partido Popular de la Comunitat Valenciana la necesidad de activar los mecanismos internos previstos en los estatutos de la formación para este tipo de situaciones. El Comité de Derechos y Garantías abrió así el procedimiento para una posible suspensión cautelar de militancia, una medida que el propio president calificó de coherente con las normas internas del partido.Sin embargo, el movimiento no está exento de lecturas políticas. En el PP valenciano sigue muy presente el impacto de la etapa más dura de los casos de corrupción que afectaron a la formación durante los años de mayor poder institucional. Fue en ese contexto cuando el partido endureció sus códigos internos y estableció una línea de actuación más estricta frente a los cargos públicos inmersos en procedimientos judiciales.La llamada “línea roja” contra la corrupción, impulsada en la etapa de Alberto Fabra, buscaba precisamente evitar situaciones como la actual: dirigentes en activo con responsabilidades institucionales mientras avanzaban investigaciones judiciales de larga duración. El caso de Bellver reabre ese debate en un contexto político distinto, pero con tensiones similares.Pérez Llorca ha optado, por el momento, por una posición prudentePérez Llorca ha optado, por el momento, por una posición prudente. Ha insistido en el respeto a la presunción de inocencia y ha evitado pronunciarse sobre una posible destitución inmediata. Sin embargo, la presión política crece a medida que la oposición reclama explicaciones y exige su cese, subrayando la incompatibilidad entre su situación procesal y el cargo que ocupa.Mientras tanto, la investigación del caso Azud sigue su curso en los tribunales sin cambios sustanciales en la situación procesal del dirigente. El futuro de Bellver queda ahora condicionado tanto por la evolución judicial como por las decisiones políticas que adopte el Consell en las próximas semanas.Lo que sí parece claro es que la confirmación de su condición de investigado ha trascendido el ámbito estrictamente judicial para convertirse en un problema político de primer orden para el nuevo presidente de la Generalitat. En apenas medio año en el cargo, Pérez Llorca se enfrenta así a una de las primeras pruebas de desgaste de su mandato, en un asunto que conecta directamente con la memoria más sensible del Partido Popular valenciano.Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991