El nuevo acuerdo permitirá reforzar la capacidad técnica estatal en infraestructura y servicios públicos, con apoyo del brazo del Banco Mundial especializado en atraer inversión privada y ordenar cada etapa del proceso (Fotografía de archivo que muestra una panorámica de Ciudad de Panamá. EFE/ Carlos Lemos)
Panamá autorizó este martes un convenio con la Corporación Financiera Internacional (CFI) para asesorar a instituciones públicas en la estructuración de proyectos de Asociación Público-Privada (APP). La decisión fue formalizada mediante el Decreto de Gabinete N. 6-26 y faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a firmar el acuerdo en nombre del Estado, según fuentes oficiales recogidas por Reuters.El nuevo esquema permitirá que la CFI asesore a entidades estatales en la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos. El decreto establece que las asesorías se contratarán mediante acuerdos individuales entre las instituciones interesadas y la CFI, con autorización conforme a las leyes orgánicas de cada entidad y refrendo de la Contraloría General de la República.PUBLICIDADLas solicitudes de asistencia técnica deberán tramitarse a través del MEF, que trasladará los requerimientos a la Secretaría Nacional de APP. El decreto también exige que las entidades públicas cuenten con disponibilidad presupuestaria en el Presupuesto General del Estado para cubrir los costos de los servicios de asesoría y acompañamiento.La CFI, entidad del Grupo Banco Mundial, tiene el mandato de promover el desarrollo económico mediante la participación del sector privado en proyectos productivos, según su perfil institucional y Reuters. En esta alianza, su rol se concentrará en el diseño de proyectos APP bajo esquemas que incentiven el cumplimiento de plazos, la prestación oportuna de servicios y estándares de calidad.PUBLICIDADEl esquema busca reforzar la capacidad técnica del Estado y atraer inversión privada. Hay reglas sobre desempeño, calidad y pagos ligados a resultados. La comparación con la contratación tradicional revela diferencias clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)Según el portal gubernamental, la medida apunta a ampliar la capacidad técnica del sector público para desarrollar iniciativas APP, un mecanismo usado en distintos países para impulsar inversión privada en obras de interés público.Entre las características del modelo APP figuran la asignación de riesgos, el uso de indicadores para medir el desempeño del contratista y la posibilidad de que la remuneración quede condicionada a la disponibilidad y calidad de la infraestructura y los servicios. Según datos oficiales del gobierno central panameño, el contratista APP asume la responsabilidad de construir, operar y mantener la obra, y recupera su inversión a través de los pagos generados por el proyecto.PUBLICIDADSegún cifras oficiales, los contratos APP se adjudican en dos etapas: primero se evalúan los requisitos técnicos y luego las propuestas económicas. El objetivo es que la oferta seleccionada cumpla con los estándares de calidad y eficiencia definidos en el pliego de condiciones.La normativa vigente en Panamá diferencia el modelo APP de las contrataciones públicas tradicionales. En el esquema APP, los proyectos pueden tener una duración contractual de hasta 30 años, prorrogables por 10 años adicionales, y parte de los riesgos se transfiere al contratista privado.Cada institución podrá contratar acompañamiento por separado, pero con autorizaciones específicas. El financiamiento de la consultoría debe estar previsto en el gasto público. El decreto detalla el paso a paso antes de la ejecución (FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pronuncia un discurso durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá, Panamá, el 28 de enero de 2026. REUTERS/Aris Martinez)En las contrataciones convencionales, en cambio, el Estado suele compartir los riesgos y el financiamiento proviene directamente del presupuesto público. Ambos modelos requieren refrendo de la Contraloría General, pero solo las APP permiten mecanismos de autofinanciamiento y un enfoque de largo plazo en la prestación de servicios.PUBLICIDADOtras aprobaciones: En otras aprobaciones, el Gabinete extendió la vigencia del esquema de estabilización eléctrica en áreas de Bocas del Toro en beneficio del consumidor final hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida garantiza la estabilidad de la tarifa eléctrica para las familias de Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, así como parte de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.
