NoticiaEl especialista alerta sobre los riesgos de explotación laboral y las vacíos normativos que rodean la contratación de colombianos en el extranjero.09.06.2026 06:05 Actualizado: 09.06.2026 06:05
Si bien Colombia ratificó este año la Convención de Naciones Unidas contra los mercenarios, el país sigue rezagado en la creación de mecanismos para prevenir el reclutamiento de exmilitares y otros ciudadanos por actores vinculados a conflictos armados en el exterior.Así lo advierte Andrés Macías, profesor de la Universidad del Externado y miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios, quien sostiene que el Estado aún tiene una deuda en materia de regulación, supervisión y protección frente a un fenómeno que cada vez involucra a más colombianos, especialmente a los que se van al conflicto entre Rusia y Ucrania.Combatientes 422.º Batallón de Fusileros de Ucrania donde hay muchos extranjeros. Foto:Viktoriia Yakymenko. Suspilne Ukraine. JSC.Desde su trabajo en Naciones Unidas, ¿por qué los colombianos terminan participando en conflictos armados y otros escenarios de seguridad en el exterior?La participación de personas en conflictos armados y otros contextos de seguridad no es un fenómeno nuevo. Ocurre desde hace mucho tiempo y por eso incluso existe un grupo de trabajo de Naciones Unidas dedicado al estudio de los mercenarios y de actores relacionados con el mercenarismo, incluidos los llamados combatientes extranjeros o Foreign Fighters.Se trata de una realidad compleja en la que intervienen empresas militares privadas, Estados, actores armados no estatales, organizaciones criminales e individuos reclutados por estos actores.En el caso colombiano, hay varios factores que explican esta situación. Colombia cuenta con una fuerza pública intensiva en mano de obra y con una experiencia acumulada durante décadas de conflicto armado. Esto ha permitido formar a miles de militares y policías con capacidades altamente valoradas en el exterior.Además, durante muchos años las políticas dirigidas a los veteranos fueron limitadas. Como resultado, existe una población numerosa de militares retirados que aún son relativamente jóvenes y poseen conocimientos especializados en seguridad y defensa.Por ejemplo, un soldado profesional puede retirarse alrededor de los 38 años después de dos décadas de servicio. Es una persona con amplia experiencia y entrenamiento, reconocido internacionalmente por la calidad de la formación de la Fuerza Pública colombiana.Cuando estos exmilitares reciben ofertas de empresas, gobiernos u otros actores extranjeros para prestar servicios de seguridad, las oportunidades económicas suelen resultar atractivas. Por eso los colombianos son muy apetecidos en el mercado internacional de personal con este tipo de capacidades.Militares en Rusia. Foto:EFE¿Cuáles son los principales desafíos para monitorear y comprender el fenómeno de los mercenarios y combatientes extranjeros?Uno de los principales desafíos es la débil rendición de cuentas a nivel internacional. No existe una normativa global suficientemente sólida para regular este fenómeno.Existe la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de Naciones Unidas, de la cual Colombia hace parte desde marzo de este año. Sin embargo, son pocos los países que la han ratificado.Esto significa que muchos Estados no cuentan con marcos jurídicos específicos para abordar el mercenarismo. En Colombia, por ejemplo, todavía no existe el delito de mercenarismo como tal.Otro reto importante tiene que ver con las formas de reclutamiento. En particular, hemos identificado una modalidad que denominamos reclutamiento predatorio.¿A qué se refiere con el reclutamiento predatorio?Es una modalidad de reclutamiento dirigida a personas en condiciones de vulnerabilidad, generalmente por razones económicas, migratorias o laborales.También incluye casos en los que las personas son engañadas durante el proceso de contratación. Se les prometen determinadas condiciones laborales que posteriormente no se cumplen.En algunos casos, una vez llegan al lugar de trabajo, se encuentran sometidas a mecanismos coercitivos que les impiden regresar a sus países de origen o abandonar la labor para la cual fueron contratadas.Esta dinámica ha venido creciendo en distintos contextos y representa un desafío importante porque demuestra que quienes participan en estos escenarios no solo pueden convertirse en perpetradores de violaciones a los derechos humanos, sino también en víctimas de explotación laboral.En marzo de este año Colombia ratificó la convención de Naciones Unidas sobre mercenarios. ¿Se trata del mismo proyecto de ley al que usted hace referencia?No exactamente. El proyecto de ley que se aprobó y fue sancionado por el presidente permitió que Colombia se incorporara formalmente a la convención. Ese proceso culminó en marzo.Sin embargo, uno de los compromisos derivados de la adhesión a la convención es la creación de un marco regulatorio interno. Por esa razón, actualmente existe interés en impulsar nuevas iniciativas legislativas para desarrollar esa regulación.Plantón de familiares de militares colombianos desaparecidos en Ucrania. Foto:MILTON DÍAZ¿Qué debería incluir ese futuro marco regulatorio?Lo primero es definir qué se entenderá jurídicamente por mercenario. También se deben establecer mecanismos de supervisión y control para prevenir casos de mercenarismo dentro y fuera del país.Igualmente, es necesario identificar las causas que llevan a que ciudadanos colombianos sean reclutados por actores vinculados a estas actividades.Sin embargo, existe un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta. No todas las personas que trabajan en seguridad en el exterior son mercenarios.Miles de colombianos prestan servicios legales como escoltas, consultores o asesores en seguridad para empresas privadas y gobiernos extranjeros sin que ello constituya mercenarismo.Por eso cualquier regulación debe garantizar el derecho de los colombianos a desempeñar actividades legales en el exterior, independientemente de si tienen o no formación militar.¿Qué otros elementos deberían discutirse dentro de esa regulación?También debería contemplarse la protección de los derechos de los colombianos que hayan sido víctimas de reclutamiento predatorio o que enfrenten procesos judiciales en otros países relacionados con presuntas actividades de mercenarismo.Además, sería importante definir claramente las responsabilidades del Estado colombiano en materia de prevención, supervisión, control y rendición de cuentas.La regulación debería permitir prevenir el reclutamiento para actividades ilícitas, reducir los riesgos de participación en violaciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de quienes desarrollan actividades legales en el exterior.Plantón de familiares de militares colombianos desaparecidos en Ucrania. Foto:Milton Díaz EL TIEMPO.¿En qué estado se encuentra actualmente esa discusión legislativa?Todavía no se ha surtido el primer debate. Es posible que ya existan iniciativas en trámite o que parte de la información sea pública, pero el proceso aún está en una etapa temprana.No parece probable que alcance a discutirse antes del cierre de la actual legislatura, por lo que seguramente continuará en la próxima.Además, se trata de una iniciativa de origen legislativo y no gubernamental, por lo que su avance dependerá de la voluntad política del próximo Congreso y de si este tema logra mantenerse dentro de las prioridades de la agenda legislativa.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
