Quedan dos días para que empiece el Mundial y España tendrá algunos rivales que sobrepasan lo futbolístico. Los acreedores a los que el Estado debe ya más de 2.300 millones de euros por los laudos derivados de los recortes a las energías renovables quieren aprovechar este gran escaparate para denunciar su situación. Estas empresas y fondos han activado sus causas en todas las sedes por las que pasará la selección española en Estados Unidos para que la comitiva que lidera Luis de la Fuente viva una pesadilla logística. Tras más de una década de litigios e impagos, el despacho King & Spalding, en representación del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, ha extendido la ejecución de sus sentencias contra el Reino de España en algunos de los principales distritos federales del país. La estrategia persigue ampliar al máximo las posibilidades de localizar activos, identificar flujos financieros y aumentar la presión sobre España, precisamente en los territorios que concentrarán la atención mediática mundial durante el campeonato. Los abogados del fondo han diseñado una red de jurisdicciones donde la deuda ya es exigible y que coincide con buena parte de las ciudades por las que previsiblemente transitará la selección española si avanza en el torneo. El objetivo es colocar su disputa contra la Abogacía del Estado y sus asesores en el escenario en el que todos los ciudadanos españoles tienen puesta toda su atención durante el próximo mes. Un escenario que coincide con el país donde han logrado los mayores avances legales en su causa contra el Reino de España, como es Estados Unidos. El Gobierno quiere rebajar el temor ante esta amenaza. Pese a que la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, quien gestiona la defensa, es el Ministerio para la Transición Ecológica quien resta trascendencia a la ofensiva judicial de Blasket y sostienen que el registro de los laudos en distintos distritos federales de Estados Unidos tiene un carácter "meramente formal". Según el Ministerio que lidera Sara Aagesen, cualquier eventual embargo de bienes españoles requeriría un procedimiento específico en el que el Estado podría defender sus intereses.Desde el Ejecutivo consideran que la actuación del fondo busca principalmente "generar ruido mediático" y subrayan que la Real Federación Española de Fútbol es una entidad privada independiente del Estado, por lo que la operativa de la selección debería quedar al margen de cualquier actuación de Blasket. Un paso clave Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial, este último paso ha sido posible gracias a una resolución dictada el pasado 10 de abril por la jueza federal Beryl A. Howell, del Distrito de Columbia. La magistrada concluyó que España había dispuesto de tiempo suficiente para satisfacer voluntariamente la deuda y otorgó a los acreedores autorización para registrar la sentencia en cualquier otro distrito federal estadounidense al apreciar la existencia de 'good cause' o causa suficiente. La decisión rompió el perímetro judicial de Washington y abrió la puerta a una expansión acelerada de la ejecución por todo el país. Con esa autorización en la mano, los abogados de Blasket desplegaron una operación relámpago durante las últimas semanas. La sentencia ya ha sido registrada en Nueva York, Nueva Jersey, California, Texas, Florida, Georgia, Illinois, Pensilvania, Massachusetts y Tennessee. Este paso permite activar mecanismos de investigación patrimonial, solicitar información a terceros y preparar futuras actuaciones ejecutivas dentro de algunas de las jurisdicciones económicas más relevantes de Estados Unidos. La coincidencia con el Mundial resulta especialmente significativa. España disputará dos partidos de la fase de grupos en Atlanta (Georgia) y otro en Guadalajara (México). Si supera esa fase, su recorrido potencial la llevaría por plazas como Los Ángeles, Dallas o Nueva York. El Gobierno español, por su parte, explica a este medio que presentó el 8 de junio un escrito ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos solicitando que declare que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para ejecutar estos laudos. Por su parte, explica que continúa defendiendo los intereses nacionales en los tribunales y asegura haber logrado reducir en más de un 80% las cantidades inicialmente reclamadas en estos arbitrajes. ¿Qué pueden bloquear? La logística de una selección nacional moviliza pagos a hoteles, operadores de transporte, proveedores locales, organizadores de eventos institucionales, patrocinadores y otros prestadores de servicios. La existencia de procedimientos de ejecución abiertos en esas mismas jurisdicciones donde se producen esos movimientos de capitales, por pequeños que sean, amplía la capacidad de los acreedores para intervenir estos activos que necesita la selección española en su operativa diaria. Fuentes próximas a los procedimientos sostienen que el objetivo es utilizar todas las herramientas legales disponibles para ejecutar resoluciones firmes y aumentar la presión sobre España. Entre ellas figuran las 'subpoenas' (requerimientos obligatorios de información), que pueden dirigirse a entidades financieras, cadenas hoteleras, aerolíneas, proveedores o cualquier tercero que mantenga relaciones económicas susceptibles de resultar relevantes para la ejecución de la deuda. Aunque estas actuaciones no afectan directamente a la participación deportiva de la selección, los acreedores consideran que cualquier incidencia judicial relacionada con la presencia institucional española durante el Mundial tendría un elevado impacto reputacional. Con ello, los abogados esperan que sirva para aumentar la presión sobre el Gobierno para resolver un conflicto que se prolonga desde hace más de una década. Pese a que son casos de hace más de una década, el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez es el que defiende que no hay que pagar estas deudas, aunque este conflicto se generó por la decisión del equipo de Mariano Rajoy de retirar las primas que había puesto en marcha el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero. 27 casos abiertos El caso de Blasket se ha convertido en la punta de lanza de esta ofensiva. La reclamación ronda actualmente los 109 millones de dólares como consecuencia de los intereses acumulados sobre un laudo original de 77 millones de euros. Sin embargo, el problema para España va mucho más allá de este procedimiento concreto. El Estado acumula actualmente 27 laudos internacionales pendientes de pago relacionados con los recortes retroactivos a las renovables y una factura total que asciende ya a 2.316 millones de euros. De esa cantidad, 552 millones corresponden exclusivamente a intereses de demora, costas judiciales y gastos legales generados durante años de litigación. El cerco tampoco se limita a Estados Unidos. Los acreedores mantienen abiertos procedimientos de reconocimiento y ejecución en Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Singapur. Mientras el Gobierno mantiene su estrategia de resistencia para evitar sentar precedentes en otros arbitrajes, la presión judicial continúa extendiéndose por varias jurisdicciones y amenaza con proyectarse ahora sobre el escenario de máxima visibilidad internacional para España: el Mundial.