“Subite, te invito a pasarnos tres pueblos”. El cartel artesanal —letras de pintura negra sobre un cuadrado de cartón marrón— flotaba, como tantos otros, sobre la marea de cabezas que, el miércoles pasado, inundó la plaza frente al Congreso argentino bajo el grito de “ni una menos”. La invitación del cartel, sumada a una convocatoria que volvió a ser masiva, podía leerse como una reivindicación. La respuesta a un discurso que primó en los últimos años y que señala que los feminismos se excedieron en su militancia —en la jerga local, “se pasaron tres pueblos”— y alimentaron lo que vino después: una ola reaccionaria que dio marcha atrás sobre un sentido común construido y, ya con Javier Milei en el gobierno, avanzó en el desguace de las políticas destinadas a combatir la violencia machista.“Todos los movimientos colectivos atraviesan distintos momentos. Hay ciclos de enorme masividad y también hay momentos en los que las demandas se reorganizan, se expresan de otros modos o se sostienen en redes, territorios, organizaciones y conversaciones sociales menos visibles”, dice Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Hoy ve un “nuevo impulso” en el feminismo argentino, pero no como una vuelta al punto de partida, sino como “la expresión de un movimiento que sigue vivo y que vuelve a tomar fuerza frente a un contexto muy concreto: el desmantelamiento y desfinanciamiento de políticas públicas de prevención, acompañamiento y sanción de la violencia de género, la persistencia de los femicidios y el aumento de discursos que relativizan la violencia de género, incluso promovidos por las más altas autoridades estatales”.En 2015, el feminicidio de Chiara Páez, de 14 años, que fue asesinada y enterrada en el jardín de su casa por su novio, Manuel Mansilla, generó una gran conmoción en el país. Bastó una pregunta lanzada por una periodista en X —“¿No vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO”, escribió Marcela Ojeda— para organizar la emoción y convocar a una multitud en las calles. Ese fue el origen del movimiento Ni Una Menos, que desde Argentina se expandió a otros países de Latinoamérica y Europa. Fue también el inicio de un ciclo feminista que tuvo otro punto de alta efervescencia en 2018, cuando se inició la discusión por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, finalmente convertida en ley en 2020. Fueron los años de la “marea verde”, como se nombró a las miles de mujeres que impulsaron esta agenda en todo el país y establecieron el pañuelo verde como símbolo definitivo.Influido por el clima de época, el gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) se autopostuló como “el más feminista de la historia” y creó un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que le dio impulso a diversas políticas. Sin embargo, el fracaso de su gestión económica, las secuelas de la pandemia de Covid-19 y la denuncia por violencia de género que recibió el propio Fernández de parte de su expareja terminaron volviéndose contra el feminismo, que se convirtió en una bolsa de descarga de frustraciones y en una explicación simple para el ascenso meteórico de la ultraderecha, que resultó especialmente convocante para los varones jóvenes. “La falta de resultados de las gestiones de gobierno en materia económica generó mucho malestar, que no encontró respuesta desde la política partidaria. Culpar al feminismo de ese sentimiento de agobio fue una reacción fácil y poco precisa de muchos sectores”, resume Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).Con Milei ya en el gobierno, la afrenta a los feminismos se volvió directa y se tradujo en medidas concretas. Las políticas para prevenir y abordar la violencia machista tuvieron un recorte presupuestario del 89% respecto de 2023, de acuerdo con un informe de ELA, y se desmantelaron programas clave como Acompañar (que pasó de asistir a 102.000 mujeres en 2023 a ninguna en 2025) o la línea de atención telefónica 144 (que redujo casi un 50% su dotación). No solo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue disuelto, sino que el Estado argentino se quedó por primera vez en 37 años sin un organismo nacional especializado en la promoción de los derechos de las mujeres. Hubo recortes drásticos en las compras de métodos anticonceptivos, el propio presidente se manifestó reiteradas veces en contra de “la agenda sangrienta del aborto”, vinculó las diversidades sexuales con los abusos y mostró su intención de eliminar la figura legal del femicidio.Para María Florencia Alcaraz, periodista y una de las fundadoras del colectivo Ni Una Menos, los ataques de los últimos años terminaron por dañar la autoestima del propio movimiento. “Creo que la movilización de la semana pasada fue una especie de reconciliación con nosotras mismas; en lo individual y también en lo colectivo, como sujeto político”, señala. Para Alcaraz, la marcha, que fue atizada por la noticia del feminicidio de Agostina Vega, muestra un intento de recuperar un sentido común sobre lo que está bien y mal dentro de una sociedad, de reconstruir una sensibilidad distorsionada por tanto odio y por las narrativas violentas en las redes sociales. Evidencia, también, un traspaso generacional: cientos de mujeres muy jóvenes que no fueron parte de los grandes hitos anteriores y se sienten convocadas ahora.Marina Abiuso, también periodista y parte del grupo organizador de la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015, coincide en que “hay un nuevo impulso ante el horror”, que se percibe en la masividad de la marcha y en la atención mediática que suscitó. “No sé si es perdurable, pero cuando pasa el furor algo queda, como pasó con la enorme movilización antifascista después del discurso homofóbico de Milei en Davos. Incluso una sociedad cansada y agobiada por la crisis muestra que hay límites”, dice.En este nuevo ciclo, el feminismo busca defender los consensos, las conquistas y los avances logrados antes e incorpora la preocupación por los proyectos de ley que proponen endurecer las penas por falsas denuncias únicamente en casos de violencia de género o abuso sexual. De acuerdo con Belski, de Amnistía Internacional, lejos de buscar resolver un problema en materia de acceso a la justicia, tienen por objeto disciplinar o desalentar a quienes ya enfrentan mayores obstáculos para denunciar. Las falsas denuncias ya son un delito en Argentina, por lo que la decisión de agravar las penas solo en casos que afectan a mujeres y niñas no es neutral. “El problema real no son las denuncias falsas —las cuales en su mayoría responden a delitos económicos y no de género—: el problema es que muchísimas violencias no se denuncian, que muchas víctimas temen no ser creídas y que el sistema todavía pone demasiados obstáculos para acceder a protección, justicia y reparación”, insiste Belski.Para Alcaraz, este momento también abre la posibilidad de repensar políticas feministas y reflexionar sobre cómo podrían articularse las demandas en un eventual gobierno más empático con la agenda de las mujeres. “Creo que hay que dar esa discusión, que el feminismo no dio. El Ministerio de las Mujeres del gobierno de Fernández, por ejemplo, fue más una demanda de los organismos internacionales que de los feminismos, que no discutimos cómo queríamos que fuera”, dice. “Necesitamos una instancia de imaginación, de creatividad, de pensar cómo debería ser ese futuro que podríamos tener”.