La segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Perú arrojó, por el momento, un solo resultado claro: la crisis política que atenaza al país hace años continuará. La derechista Keiko Fujimori, hija del polémico expresidente Alberto Fujimori, y Roberto Sánchez, izquierdista y partidario del expresidente encarcelado Pedro Castillo, terminaron su carrera presidencial con un empate virtual que augura una interminable cadena de impugnaciones y recursos que harán que el recuento se prolongue durante semanas. Con un 93,94% de los votos escrutados, Sánchez obtenía un 50,01%, mientras que Fujimori llegaba al 49,98%. La exigua diferencia hace pensar que, como sucedió en la primera vuelta, y en elecciones anteriores, el partido del candidato derrotado tratará de discutir cada acta mínimamente cuestionable. Y de hecho, eso fue lo que sugirieron ambos candidatos en sus apariciones en la noche electoral. Sánchez dijo que “este es el momento de la defensa del voto”, mientras que Keiko Fujimori llamó a los representantes de su partido en los colegios electorales a “pelear” cada voto. El Jurado Nacional de Elecciones, el máximo organismo electoral, ya anunció que la revisión de las actas impugnadas hará que el ganador definitivo de la elección no se conozca hasta mediados de julio. Un retraso que se ha convertido en habitual en los comicios peruanos y que, por más que las autoridades aseguren que busca que el recuento se lleve a cabo con todas las garantías, agrava la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y los partidos. El próximo será el noveno presidente de Perú en los últimos diez años, un ejemplo de inestabilidad sin parangón en Iberoamérica. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, los peruanos han visto desfilar por la Casa de Pizarro a dirigentes de lo más variopinto que, en su mayoría, terminaron prematuramente su mandato entre escándalos de corrupción. Un solo dato ilustra el absoluto divorcio entre los peruanos y sus políticos. La candidata más votada en la primera vuelta fue Keiko Fujimori y apenas obtuvo un 17% de los votos, por lo que está claro que, sea quien sea, el próximo presidente, tendrá que gobernar con un apoyo residual. Mientras, la delincuencia organizada ha carcomido el país, extendiendo lacras como el narcotráfico o la minería ilegal en la Amazonía, y las ciudades peruanas han experimentado en los últimos años un aumento de la violencia y de las extorsiones a los pequeños negocios. En ese contexto, Keiko Fujimori intentó rentabilizar el recuerdo de la mano dura de los gobiernos de su padre entre 1990 y 2000, cuando el país logró acabar con el terrorismo izquierdista de Sendero Luminoso y superar una larga y dolorosa crisis económica. Con el lema “Vuelve el orden”, la candidata intentó proyectar la imagen de seriedad y eficacia en la gestión que sus seguidores atribuyen al fallecido Fujimori. Pero a estas alturas Keiko tiene motivos para temer que tampoco en este su cuarto intento logrará llegar a la presidencia. Su rival ha sabido espolear el odio que todavía suscita la familia Fujimori en gran parte del país, especialmente en las zonas rurales, en las que pervive el recuerdo de los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado en la lucha contra Sendero. También ha invocado las decenas de muertos que dejó la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas que siguieron a la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022. “¿De qué orden habla usted?”, le preguntó retóricamente a la candidata en uno de sus actos electorales. El recuento, aunque con cuentagotas, parece indicar que la estrategia de Sánchez le ha dado resultado. Aunque la igualdad es extrema, el candidato izquierdista ha remontado en las últimas horas y hacia el mediodía del lunes superó en número de votos a Fujimori. Como los resultados que llegan más tarde son los de las numerosas comunidades aisladas peruanas, donde el fujimorismo es ampliamente rechazado, los expertos ven difícil que su candidata pueda ponerse de nuevo al frente de la carrera. Sánchez ha basado su campaña en la reivindicación de la figura del expresidente Castillo, del que fue uno de sus más fieles colaboradores hasta justo antes de su caída. Castillo perdió el poder tras intentar sin éxito disolver un Congreso dominado por el fujimorismo e instaurar un gobierno de excepción, y fue detenido cuando se dirigía en busca de asilo a la Embajada de México en Lima. Fue condenado por conspiración para la rebelión y permanece desde entonces en el penal de máxima seguridad de Barbadillo, donde Perú encierra a sus varios expresidentes que acabaron entre rejas. Es el mismo en el que estuvo Alberto Fujimori hasta meses antes de morir. Pero cuando la de Castillo parecía ya otra página más del turbulento pasado político peruano, Sánchez comenzó a defender las acciones de su gobierno en sus mítines y prometer que lo indultaría si alcanzaba la presidencia. Su discurso sintonizó con gran parte del Perú quechuahablante y rural que vio el final de su gobierno como una oportunidad perdida de hacer justicia a las regiones históricamente descuidadas por las élites de Lima, con las que muchos identifican a Fujimori. Los peruanos se preparan ya para las semanas de tensión del recuento. Ya cuando Pedro Castillo fue elegido en 2021, Fuerza Popular, el partido fujimorista, denunció un fraude que nunca probó y presentó centenares de impugnaciones que no sirvieron para darle la vuelta al resultado. Tanto Fujimori como Sánchez han prometido que respetarán el resultado, sea el que sea. Pero en Perú hoy solo se puede estar seguro de una cosa: la inestabilidad va para rato.