Un día después de que elDiarioAR publicara el balance 2024 de la Fundación Faro, con $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) en donaciones, y de que advirtiera que se había incumplido con el deber legal de informar allí quiénes eran sus grandes donantes, aquellos que habían aportado el equivalente a más de US$10.000, la Inspección General de Justicia (IGJ) le pidió el lunes pasado a la organización libertaria que los informara. Apenas 72 horas después, el jueves, Faro contestó a la IGJ con el detalle de los contribuyentes. La información aún no es pública: cualquier interesado podrá pedirla a partir de ahora a través de un trámite a distancia.
Faro, la fundación que decidieron armar el presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo para juntar fondos de empresarios comprometidos con su proyecto político, demoró casi un año en presentar su primer balance. Las cuentas al 31 de diciembre de 2024 debían presentarse hasta el 30 de abril de 2025, cuatro meses después del cierre del ejercicio. Pero lo hizo el 10 de abril de 2026, después de una nota del portal Chequeado en la que se advertía sobre el faltante y en el que se informaba que la fundación había invertido más de $1.000 millones en propaganda política en redes sociales entre marzo de 2025 y el mismo mes del año actual.
