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Cuando se habla de impuestos en Florida, pocas cosas despiertan tanto interés entre propietarios, alcaldes de municipios costeros y legisladores como las propuestas sobre el impuesto a la propiedad. En un estado donde muchas familias latinas han comprado su primera casa, donde comunidades como Hialeah, Westchester y partes del condado de Miami-Dade sienten cada subida o alivio fiscal en su bolsillo, las decisiones sobre propiedad impactan desde la factura tributaria hasta el presupuesto de las escuelas locales y los servicios contra huracanes. Durante los últimos años, el gobernador Ron DeSantis puso este asunto en el centro de su agenda, proponiendo recortes y exenciones que muchos votantes interpretaron como una promesa para aliviar la carga de la comunidad —un tema recurrente en reuniones de PTA, en tertulias de peluquería y en las largas filas de supermercado antes de la temporada de huracanes— y no es para menos.
Por eso sorprendió que, al firmar la ley HB 7031 en 2025, DeSantis aprobara la mayoría del paquete, pero vetara específicamente la partida de US$1 millón destinada a estudiar cómo cambiar la estructura de los impuestos a la propiedad, una decisión que encendió el debate sobre si Florida debe avanzar rápido hacia recortes o tomarse más tiempo para medir el impacto en ciudades y distritos escolares.
