El anuncio que hizo el presidente del Gobierno la semana pasada, ya en el mes de junio, de que se van a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2027 obliga a acelerar una tramitación que de por sí es larga y compleja. Además, certifica que el Ejecutivo ha renunciado a presentar los de 2026, constantemente prometidos hasta hace solo pocas semanas y que ya es evidente que han pasado a mejor vida.Comienza, entonces, el recorrido de la ley considerada más importante de cualquier Gobierno y hasta el momento desconocida en la presente legislatura. Pero no sin retraso. La primera consecuencia de este retraso es que si el Gobierno sigue los pasos establecidos, el Congreso deberá convocar un pleno extraordinario en julio, mes en que no hay periodo de sesiones, para debatir y votar los objetivos de déficit y deuda públicos, los cuales van unidos al techo de gasto o límite de gasto no financiero, el cual no se vota.
Sin embargo, ya se están dando los primeros pasos. El pasado viernes el BOE publicó la orden ministerial de Hacienda por la que se fijan los plazos y se dictan las normas para que los ministerios y sus organismos adscritos, así como las entidades públicas empresariales envíen sus previsiones de gasto.
