Este miércoles, una niña de nueve años recibió un disparo en la cabeza cerca de Haifa, norte de Israel. No es víctima del terrorismo ni de la represión policial israelí. Es una de las más de 120 personas asesinadas en lo que va de año en Israel, la mayoría relacionadas con un nuevo tipo de criminalidad: las pandillas y otras mafias delictivas. 2026 va camino de romper el récord de muertes anuales de Israel, con la mayoría de este tipo de crímenes registrados en las comunidades árabes dentro del país, donde han nacido, se han desarrollado y operan estas organizaciones. La tendencia en ascenso se observa desde que llegó al poder el partido Likud, liderado por el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu. Y en los últimos meses ha florecido en episodios de tiroteos, coches bomba y dos atentados incluso contra representantes políticos: el líder del concejo local de Jadeidi Makr, Suhail Melhem, y el alcalde de Arraba, Ahmad Nassar, ambos este mayo. Ambos también al norte de Israel, donde se concentra la presencia de comunidades de ciudadanos árabes de Israel. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, de entre 18 y 30 años "porque son los que más fácilmente son atraídos a las pandillas y al uso de armas de fuego", explica Lama Yassin, directora de Asuntos Públicos de la ONG Abraham Initiatives, que contabilizó 252 víctimas mortales árabes fruto de la violencia durante el 2025. 22 más que el año anterior, en lo que su informe anual calificó de "niveles intolerables de crimen y violencia en las comunidades árabes" alcanzados "desde la elección del actual Gobierno a finales del 2022". La cifra incluye también casos de violencia intrafamiliar, como el de una mujer "que había reportado varias veces a la policía que no se sentía segura antes de que la mataran", así como de asesinatos por parte de la policía. Uno de los factores que ha permitido el crecimiento de estas pandillas es el tráfico de armas de guerra que obtienen gracias al contrabando a través de las fronteras de Jordania y Egipto, en varias instancias desde Siria, y a veces, en entregas con drones no tripulados. Pero las armas ya están en casa: muchas vienen de miembros de las fuerzas armadas de Israel, que las roban de los inventarios del Ejército y las revenden después en estas comunidades. Es un mercado negro que lleva años operando en el país, facilitado por el excedente en los arsenales (a los que tienen relativo fácil acceso incluso personal no militar, como chóferes o pintores) y en general la ubicuidad de las armas en Israel. El nivel de violencia también ha ido evolucionando. Si antes estas pandillas buscaban intimidar con un par de tiros en las tiendas de familias rivales, ahora sí tienen como objetivo la muerte del adversario, con ráfagas dirigidas al torso en la mayoría de los casos estudiados por Abraham Initiatives. La fotografía social de estas comunidades árabes dentro de Israel era un caldo de cultivo perfecto. A la falta de oportunidades para entrar en el mercado laboral y las instituciones académicas se añade una tasa de pobreza del 37% en los hogares árabes, según el Instituto Nacional de Seguros israelí. El narcotráfico, los chantajes a negocios y la apropiación de contratos públicos como los de gestión de residuos son apenas algunas de las áreas que ofrecen dinero rápido y fácil, así como cierta fama y prestigio social. La falta de sistemas de soporte institucionales para jóvenes, programas extracurriculares e incluso de parques y espacios verdes en los barrios árabes "que ayuden a los jóvenes a encontrar un camino profesional y a sentir su pertenencia al país, a sus comunidades y a sus familias" es otro aspecto con un impacto negativo, explica Lama. Aun así, la coyuntura de los árabes en Israel se distingue de la de los países a sus alrededores, especialmente por los niveles de educación y capacidad adquisitiva, superiores en comparación a sus vecinos, y por lo relativamente reducido de esta población, explica Thair Abu Ras, director del Centro para el conacionalismo en el Van Leer Jerusalem Institute. "Si la comunidad árabe de Israel fuese un país independiente, seríamos el segundo o tercero del mundo con mayor proporción de asesinatos", dice. Lo que el Estado puede hacer y no hace El motivo que mejor explica la proliferación de las bandas criminales que aterrorizan varias de las ciudades y pueblos de mayoría árabe es lo que Thair define como "la erosión institucional, cuando las instituciones estatales no funcionan", un fenómeno del que estas comunidades "son los mayores testigos al ser las más débiles en lo político y económico, además de haber vivido una historia de racismo institucionalizado en su contra". "Los ciudadanos árabes deberían ser ciudadanos de Israel y disfrutar de todas las ventajas que ello conlleva, pero lo que pasa es que la policía los ve como una amenaza a la seguridad", dice. Y son las acciones y la negligencia de la policía a donde apuntan numerosos expertos cuando analizan las responsabilidades por el aumento en los asesinatos. El dato que mejor evidencia esta tendencia es la diferencia entre la tasa de casos resueltos cuando las víctimas son judías, aproximadamente un 65%, y cuando son árabes, alrededor de un 15%, de acuerdo con datos de Eilaf, el Centro para el Avance de la Seguridad en la Sociedad Árabe. La desconfianza de los ciudadanos palestinos de Israel con la policía es otro factor de importancia: desde las muertes a manos de las fuerzas de seguridad de 12 árabes ciudadanos de Israel y un gazatí en medio de una protesta, dejando además cientos de heridos, se empezó a observar este patrón de "excesos por parte de la policía, así como discriminación, pero también una falta de vigilancia, cuando están ausentes en los vecindarios árabes", en palabras de Lama. Abraham Initiatives no incluye las muertes en manos de la policía en su conteo de muertes violentas, sino que las separa: 12 en 2025. Aun así, la ausencia de la policía en las poblaciones árabes es lo que más impacta en la degradación de la seguridad. Uno de varios casos es el relatado por un investigador que declara de forma anónima que vivió un tiroteo entre bandas mientras se encontraba en la casa de una pareja de árabes de la tercera edad. "Llamamos a la policía y nos dijeron que no iban a llegar hasta que terminara el enfrentamiento; me parece que incluso es la política de los departamentos de las fuerzas de seguridad". Politización de la seguridad Varios miembros del Gobierno han incitado cada vez más directamente a estas diferencias en el trato de sus ciudadanos por parte de la policía. A mediados de febrero, ante acusaciones de no haber tomado responsabilidad por el aumento en la violencia, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, respondió a los parlamentarios árabes del Knéset que el Gobierno no tenía la culpa de que "ustedes [los árabes] se maten los unos a los otros". "Eduquen a su público para que deje de asesinar", gritó, ante las protestas de racismo y discriminación. Pero la figura más decisiva ha sido Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional y responsable directo de la policía. Sucedió a finales del 2022 a Omer Bar-Lev, ministro de Seguridad Pública del Gobierno de Neftali Bennett y bajo cuya gestión se redujeron los asesinatos de árabes en Israel a 116 en el 2022, diez menos que el año anterior y 28 menos que el año siguiente. Desde la llegada de Ben-Gvir, el número anual de árabes asesinados no ha hecho sino subir. "Este Gobierno, con Ben-Gvir y Smotrich, hace uso de las bandas criminales y la negligencia policial, corta los presupuestos dirigidos a las autoridades locales árabes, para dividir a los palestinos", declara Rawyah Handaqlu, CEO de Eilaf, recordando la eficiencia con la que el Estado lidió con organizaciones criminales que operaban en territorios de mayoría judía, como la familia Abergil y los grupos Abutbul y Alperon. El uso del Estado de herramientas de inteligencia y antiterrorismo juega un papel de no poca importancia cuando apuntan a los ciudadanos árabes de Israel. Justificando estas iniciativas bajo la "excusa de pasar leyes que empeoran [la situación de] la democracia, los derechos civiles y humanos, buscan luchar con los activistas políticos de la sociedad árabe, tachándolos de terroristas", sostiene Handaqlu. Una de las formas más evidentes de esta persecución es el llamado "encarcelamiento administrativo": cuando una compañía tiene un contrato con otra involucrada con el crimen organizado, se arresta a los responsables como si se hubiera comprobado su asociación. Otro ejemplo está en las multas que se hacen a los habitantes en los edificios en cuyo jardín se encuentran armas enterradas, un método preferido por las mafias para no tenerlas en su casa. TE PUEDE INTERESAR Donald Trump ha roto el Golfo Pérsico. Puede que para siempre Enrique Andrés Pretel A. Alamillos Gráficos: Unidad de Datos El involucramiento del Shin Bet (el servicio de inteligencia y contrainteligencia interno de Israel) en estos casos, bajo pedido expreso de Ben-Gvir y anunciado por Netanyahu en el 2023, ha sido recibido con críticas de activistas que afirman que este departamento continúa el patrón de criminalización y discriminación contra los árabes, especialmente por la falta de transparencia de sus acciones. Un informe de Eilat fechado en febrero advierte contra el proyecto de ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales, que calificaría estas bandas (criminales) de organizaciones terroristas "sin ningún proceso judicial y basándose únicamente en pruebas administrativas confidenciales de funcionarios de seguridad". "Dicha declaración permitiría a las autoridades policiales utilizar las herramientas de la Ley Antiterrorista, que otorgan un poder excesivo al Estado, y suspender la protección civil y los derechos fundamentales de la persona", reza el documento.