Tiene más de cien empleados —o tenía. Fabrica artículos de consumo y para el hogar en Córdoba desde hace años, es el único productor local de su rubro en la provincia, y conoce cada engranaje de su empresa con la precisión de quien la construyó ladrillo por ladrillo. Hoy, en cambio, habla en voz baja y pide no ser nombrado. "Estamos hablando off the record", repite. Lo que tiene para decir es incómodo, pero también urgente.
En los últimos seis meses, este industrial despidió a 35 personas. Su planta, que llegó a tener cien trabajadores, hoy funciona con 65. Y aún así, reconoce que no alcanza: "Los chicos me dicen que para la venta de hoy necesitamos cuarenta. Yo tendría que despedir 25 más”. Lo frena la conciencia, no el balance. "Lo que estamos haciendo nosotros lo está haciendo el 80% de toda la industria del país", dice, y la frase suena más a diagnóstico que a consuelo.
El triple golpe: importadores, plataformas y contrabando
La historia que cuenta este fabricante tiene tres capas, y cada una pesa sobre la anterior. La primera es la apertura de importaciones. Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, el universo de quienes pueden traer mercadería del exterior se multiplicó. "Hoy hay cinco mil importadores que antes no había", describe. "Ahora cualquiera agarra un avión para China con veinte mil dólares e importa”. El resultado directo es una presión de precios que una empresa con estructura —con sindicato, con cargas sociales, con planta propia— difícilmente puede absorber.
