La economía argentina batalla desde siempre con un dilema que fue postergando su resolución: el gasto público global fue aumentando en las últimas dos décadas, pero la contrapartida de recaudación impositiva para financiarlo no alcanzó. Sin embargo, existe en parte de la población la percepción de agobio fiscal y un incremento de las actividades que están en la informalidad. Es decir, un diagnóstico lapidario sobre un sistema tributario inequitativo, ineficiente y con un sesgo anti productivo, compartido también por el staff técnico del Fondo Monetario Internacional que elaboró una propuesta a modo de “sugerencia”.
El ojo ajeno. Básicamente, lo que el FMI señaló es que se podría reorganizar el sistema tributario para que sea más equitativo, desaliente la evasión, no castigue la producción y, sobre todo, que no se superpongan impuestos entre las jurisdicciones. El dictamen del organismo tiene consenso entre analistas profesionales porque aún a riesgo de implementar soluciones de difícil concreción y que dejan puertas abiertas para la elusión, el sistema actual está agotado: sin tocarlo, cada vez se recauda menos.
El gasto público tiene un componente indexado (se ajusta por el nivel de precios) que es del 55% del total y el resto que no se automatiza, por lo que la “motosierra” pasa más por este segundo tramo. Por ejemplo, el Presupuesto 2026 proponía un aumento de la recaudación del 6,7% y uno del gasto primario del 6%. Según el cálculo del IARAF, la recaudación de los últimos 8 meses del año debería crecer un 13,2% real interanual para lograr esa meta, un comportamiento de imposible cumplimiento.
