Probablemente Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Nacional de Buenos Aires, no supiera que cuando estaba tomando el colegio junto al resto de los estudiantes estaba honrando una tradición histórica. El 28 de mayo pasado fue el aniversario 230 de la primera toma estudiantil registrada en el Río de la Plata. El 28 de mayo de 1796 también se tomó el Nacional Buenos Aires y tuvo como protagonista a Juan Gregorio de Las Heras, de 15 años, quien luego pasaría a la historia como jefe del Ejército de los Andes y gobernador de Buenos Aires. En aquel momento, el colegio se llamaba Colegio Real San Carlos y la protesta se realizó contra los castigos físicos de los celadores. De hecho, los conducidos por Las Heras los rodearon y los tomaron de rehenes. La ocupación del edificio, ubicado en el mismo terreno que en la actualidad, duró tres días hasta que las tropas del Virrey rodearon con armas el colegio y los estudiantes terminaron rindiéndose. Años después, Las Heras y otros de los jóvenes amotinados terminaron siendo figuras clave de la independencia argentina. A diferencia de Francisco Pitrola, tuvieron que enfrentar las bayonetas realistas, pero no las preguntas mordaces de Eduardo Feinmann y Esteban Trebuq. Sin embargo, el nieto del dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola pudo salir bien parado a pesar de la ferocidad argumentativa de los periodistas. Es interesante rescatar que Contrapunto, la agrupación de Pitrola (nieto), autodefinida como independiente y apartidaria, originalmente estuvo en contra de la ocupación del colegio. Esto habla bien del joven dirigente, que a pesar de su posición defendió lo decidido por la mayoría en asamblea como todo un representante. Una lección de democracia. ¿En qué punto está el conflicto? El Gobierno y los rectores universitarios nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) negocian para resolver el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, vigente pero incumplida desde octubre de 2025. La ley exige recuperar la pérdida salarial docente desde diciembre de 2023, lo que implica un aumento del 52%. La última oferta oficial es del 24%, lo que las autoridades reconocieron como un avance, pero conlleva una trampa: según la administración libertaria, el CIN debe abandonar la pelea por la ley para obtener el aumento. Es decir, deben dar de baja el reclamo judicial ante la Corte. No hay acuerdo con este planteo, pero desde el CIN le hicieron una contrapropuesta al Gobierno. La idea es firmar un acta de negociación que exprese que tanto el Gobierno como los rectores están llevando a buen puerto la discusión. ¿Cuál es el objetivo? Que el Gobierno pueda mostrarle este acta a la Corte y el máximo tribunal "declare abstracta la cuestión". Según fuentes cercanas a los tres jueces, esta posibilidad no está descartada. "Habría que ver el acta en cuestión", plantean desde Tribunales.