La carencia de medicinas en hospitales del sistema público afecta directamente a quienes no pueden costear la recuperación de su salud. Por eso urge repensar el sistema de salud y asegurar la provisión de medicinas indispensables.¿Servirá la propuesta del presidente Noboa de comprar medicinas mediante mecanismos internacionales para enfrentar la grave crisis? ¿Es la opción más ágil, eficaz y segura? La respuesta exige objetividad: ni respaldo automático ni crítica prejuiciada.Cuando pacientes con cáncer, insuficiencia renal u otras dolencias graves no encuentran los fármacos que requieren, la espera burocrática tiene un costo humano inaceptable. Y aun cuando no se conoce la cifra exacta de vidas sacrificadas por el desabastecimiento, las denuncias de organizaciones de pacientes renales sobre miles de fallecimientos revelan la magnitud del problema.Sobre la probable compra de medicinas a la India, conviene señalar que India no es marginal en la industria farmacéutica mundial. Es una de las potencias del sector y suministra una parte significativa de los medicamentos genéricos consumidos en el mundo. No posee la autoridad regulatoria más prestigiosa del planeta, pero sí una industria farmacéutica grande y sofisticada. Por ello la garantía de calidad debe provenir del fabricante y de sus certificaciones. Si se privilegian productos aprobados por la FDA o por prestigiosas reguladoras europeas, los motivos de preocupación quedarían razonablemente reducidos.También se ha dicho que tal compra dejaría de lado a la industria nacional. La objeción merece consideración, pero sin confundir los planos. Una política de Estado para fortalecer la producción farmacéutica nacional es deseable. El país debería aspirar a mayor autonomía en la fabricación de fármacos esenciales. Pero eso requiere inversión, tecnología, certificaciones y tiempo. La emergencia actual no puede esperar. El suministro debe buscarse donde existan medicinas de calidad comprobada, capacidad instalada, precios competitivos y entregas oportunas.La propuesta tiene una ventaja potencial. Durante años, las compras públicas de medicinas han estado ensombrecidas por denuncias de sobreprecios, intermediaciones y prácticas corruptas. Si una contratación directa reduce esos espacios y asegura provisión oportuna, podría ser útil para neutralizar una crisis que no admite postergaciones.Eso sí, la ciudadanía tiene derecho a saber qué medicinas se comprarán, sus fabricantes, cuánto pagará el Estado y qué mecanismos de supervisión se aplicarán.Según se ha señalado, la selección de medicinas y fabricantes se realizaría mediante plataformas internacionales para verificar origen, fabricante y certificaciones regulatorias. De ser así, ello aportaría confianza al proceso.Si la estrategia logra abastecer hospitales, garantizar medicinas de calidad, reducir costos y cerrar espacios a la corrupción, recibirá respaldo. Si no lo consigue, deberá corregirse. Y quizás ha llegado el momento de discutir si los delitos vinculados al abastecimiento fraudulento de medicinas e insumos médicos deben recibir penas más severas en el COIP, pues no solo afectan recursos públicos, también la salud y vida de las personas. (O)