Telefónica mueve ficha en el proceso que le enfrenta al Estado de Colombia. Ha acudido a la justicia estadounidense para solicitar la ejecución de un laudo valorado en 500 millones de dólares (430 millones de euros al cambio actual) que el país sudamericano se niega a pagar, pese al dictamen del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) favorable a la empresa de telecomunicaciones española. Asesorada por el prestigioso despacho de abogados White & Case, Telefónica presentó el pasado 2 de junio esta solicitud ante el tribunal del Distrito de Columbia, según fuentes conocedoras del proceso. Acudir a la justicia de EEUU es una estrategia habitual y efectiva en este tipo de conflictos, debido a que el Ciadi tiene la sede en el país norteamericano. Además, es el centro financiero del mundo y puede llegar a acordar el embargo de bienes o forzar un acuerdo de pago. El Ciadi falló en contra de Colombia en 2024 por la reversión de activos relacionados con una concesión de telecomunicaciones. En virtud del tratado bilateral de inversión con España, entendió que incumplió con su obligación de otorgar un "trato justo y equitativo" a Telefónica, ordenando pagar a la compañía presidida ahora por Marc Murtra 380 millones de dólares (326 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios, a lo que sumó intereses y las costas judiciales. En total, le adeuda más de 500 millones de dólares. Un pago que el Gobierno sudamericano, defendido por el despacho especializado en arbitraje internacional Wordstone Dispute Resolution, lleva tiempo buscando parar. Se llegó a conceder una suspensión de la ejecución en enero, pero fue levantada después de que Colombia no cumpliese con el plazo para presentar la garantía bancaria que le habían pedido como requisito imprescindible. También ha pedido la anulación del laudo y ha habido esta semana una vista en París sobre esta cuestión, sin que aún se conozca la decisión. Un conflicto de tres décadas Este enfrentamiento tiene su origen en una concesión de hace más de tres décadas. ColTel, la sociedad que operaba la marca Movistar en el país, firmó con el Gobierno colombiano un contrato en 1994 para prestar servicios de telefonía móvil hasta 2013. Ese acuerdo incluía una cláusula de reversión de activos, por la que las operadoras debían entregar al Estado toda la infraestructura (antenas, redes y estaciones base) al finalizar el periodo. Sin embargo, Colombia promulgó en 1998 una nueva ley que suprimía esa cláusula, con la intención de fomentar las inversiones de telecomunicaciones en su territorio. Posteriormente, se renovó el permiso de ColTel para el espectro radioeléctrico, pero estipulando que los activos de la concesión solo podrían utilizarse previo pago. La sociedad dependiente de Telefónica se opuso, poniendo sobre la mesa la nueva normativa. El Ciadi falló en contra de Colombia en 2024 por la reversión de activos relacionados con una concesión de telecomunicaciones Colombia alegaba que podía reclamar ese derecho porque estaba renovando una concesión previa a la entrada en vigor de la ley de 1998. Con este argumento, inició un arbitraje en 2016 ante la Cámara de Comercio de Bogotá, pidiendo que se ordenara la reversión de todos los activos, además de una indemnización. ColTel, participada entonces en un 67,5% por Telefónica y un 32,5% por el Estado colombiano, llegó a pagar 380 millones de dólares para cumplir con ese laudo. Pero, poco después, Telefónica presentó una demanda ante el Ciadi para defender que la insistencia de Colombia en la reversión de activos había constituido una expropiación y recibir de vuelta esos 380 millones. La institución dependiente del Banco Mundial dictaminó por unanimidad que sus reclamaciones eran legítimas, entendiendo que la aplicación retroactiva de la cláusula de la discordia fue una medida desproporcionada que afectó a la inversión de la 'teleco' española. Telefónica mueve ficha en el proceso que le enfrenta al Estado de Colombia. Ha acudido a la justicia estadounidense para solicitar la ejecución de un laudo valorado en 500 millones de dólares (430 millones de euros al cambio actual) que el país sudamericano se niega a pagar, pese al dictamen del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) favorable a la empresa de telecomunicaciones española.