El emplazamiento del candidato presidencial Roberto Sánchez para derogar las leyes procrimen al Congreso obtuvo, a tres días de la segunda vuelta, una confesión. Ante ello, la primera respuesta fue suspender el pleno programado para el día de ayer.
El presidente del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi, saltó a defenderlas e intentó rebautizarlas como "leyes anticrimen". Es, al menos, honesto en su argumento ya que expone el "modelo" de inseguridad que la mayoría parlamentaria construyó a pulso durante este quinquenio.
Rospigliosi celebró tres normas. Una que blinda al policía que dispara frente a responsabilidad penal y prisión preventiva. Otra, de su autoría, que devuelve la investigación preliminar a la Policía. Y una tercera, que autoriza al civil armado a abatir a un delincuente sin consecuencias penales.
Detrás del lenguaje manipulado hay una sola idea: el Estado claudica de su responsabilidad y deja la seguridad en manos de cada peruano.
La idea de la existencia del Estado es que cumpla la función de regular el uso de la fuerza y, en uno moderno, es decir, un Estado de Derecho, responder por él siempre. Es lo que lo diferencia de sistemas anárquicos y totalitarios.
