El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Mauricio Alonso Alvarado Ayala a 10 años de prisión por estafa vinculada a falsas visas de trabajo para Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 10 años de prisión para Mauricio Alonso Alvarado Ayala, ciudadano guatemalteco, por el delito de estafa tras comprobarse su responsabilidad en un fraude relacionado con falsas gestiones de visas de trabajo para Estados Unidos. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el pago de USD 1,297 como responsabilidad civil a favor de las dos víctimas.La investigación judicial estableció que, en 2022, Alvarado Ayala contactó a dos personas en Santa Tecla, La Libertad, asegurando que poseía la nacionalidad estadounidense y contactos dentro de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. PUBLICIDADSegún la denuncia, afirmó que podía agilizar trámites migratorios y facilitar la obtención de visas de trabajo. Las víctimas, confiando en sus afirmaciones, entregaron la suma de dinero solicitada por el imputado en calidad de supuestos gastos de gestión.Los trámites prometidos nunca se realizaron. Durante meses, las víctimas esperaron una respuesta favorable, pero al no recibir información ni avances en el proceso, intentaron comunicarse insistentemente con el imputado, quien dejó de responder a sus llamadas y mensajes. Ante la ausencia de comunicación, decidieron consultar directamente en la sede diplomática, donde confirmaron que no existía ningún trámite de visa a sus nombres.PUBLICIDADLa sentencia por estafa en Santa Tecla también ordenó el pago de USD 1,297 como responsabilidad civil a favor de las dos víctimas del fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)Al constatar el fraude, las afectadas presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades. La Fiscalía General de la República reunió pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron identificar la participación de Alvarado Ayala en el delito de estafa. El tribunal consideró suficientes los elementos probatorios presentados y dictó la condena de 10 años de prisión, junto con la obligación de restituir el monto entregado por las víctimas.El caso pone de manifiesto cómo la confianza depositada en intermediarios no autorizados puede derivar en situaciones de fraude y pérdida económica para quienes buscan oportunidades laborales fuera del país. Las autoridades reiteran la importancia de verificar siempre la legalidad de los procedimientos migratorios y evitar acudir a personas que ofrezcan atajos o garantías irregulares para la obtención de documentos.PUBLICIDADEl Juzgado Segundo de Instrucción de Sonsonate resolvió enviar a juicio a Wilber M. C. por el delito de tráfico ilegal de personas, después de que la Fiscalía General de la República presentara pruebas durante la audiencia preliminar. El informe del caso indica que el imputado ofreció sus servicios a una víctima para guiarla de manera irregular hacia Estados Unidos.El Juzgado Segundo de Instrucción de Sonsonate envió a juicio a Wilber M. C. por tráfico ilegal de personas tras una denuncia por un viaje irregular hacia Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)El acuerdo entre ambas partes contemplaba un viaje a inicios de 2024, para lo cual el imputado exigió un pago anticipado de USD 1,500 y prometió ayudar a la víctima a evadir los controles migratorios. Tras recibir el dinero, el acusado dejó de responder llamadas y mensajes, lo que motivó a la persona afectada a presentar la denuncia ante las autoridades. Al no presentarse a la audiencia, el juzgado declaró a Wilmer M. C. en condición de rebelde.PUBLICIDAD