El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera exige al Gobierno de Colombia que derogue el Decreto 455, mediante el cual se impusieron aranceles a los productos ecuatorianos.El gremio expresó “su profunda preocupación e indignación ante la falta de acciones concretas por parte del Gobierno (de Colombia) para derogar el Decreto 455, pese a que el Gobierno del Ecuador ya cumplió con el mandato de la Comunidad Andina y derogó las medidas que dieron origen a esta crisis comercial”. “Exigimos que el Gobierno (de Colombia) actúe con coherencia frente a los compromisos asumidos públicamente y proceda sin más dilaciones a eliminar los aranceles recíprocos, restableciendo plenamente las condiciones de libre comercio que durante cincuenta y siete años han caracterizado la relación entre dos naciones hermanas y miembros de la Comunidad Andina”, agregó. PublicidadA partir del 1 de junio del 2026, Ecuador dejó sin efecto la tasa de seguridad que aplicaba a los productos colombianos desde el 1 de febrero pasado. La decisión se concretó luego de que el presidente Daniel Noboa y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella anunciaran el 31 de mayo un acuerdo para levantar la medida. El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera recordó que, “durante meses el presidente Gustavo Petro manifestó públicamente que una vez que Ecuador retirara sus medidas, Colombia actuaría de manera inmediata en el mismo sentido. Sin embargo, según el gremio, los hechos demuestran lo contrario, ”Ecuador cumplió. Colombia aún no”. “Hoy la pregunta que se hacen miles de familias de la frontera es simple: ¿qué está esperando el Gobierno colombiano?“, señaló la dirigencia.PublicidadPublicidadPara el gremio, “resulta contradictorio que Colombia exija el cumplimiento de los acuerdos internacionales cuando otros países los incumplen, pero que hoy, cuando corresponde actuar, guarde silencio y mantenga vigente una medida que ya perdió toda justificación”.Los trabajadores indicaron cada día que pasa sin derogarse el Decreto 455 representa pérdidas económicas, desempleo, cierre de negocios y mayor incertidumbre para miles de trabajadores que dependen del comercio binacional. Publicidad“La frontera no puede seguir siendo rehén de la burocracia, víctima de la lentitud administrativa, de los cálculos políticos o de decisiones alejadas de la realidad económica de la región”, agregó. (I)