Por: Iván Alamillo/MCCI
Marco Antonio Juárez Altamirano era un arquitecto originario de Acapulco que llevaba una vida modesta. En diciembre de 2008, invirtió 245 mil pesos en una pequeña compañía local, llamada Jylco Construcciones, con la esperanza de convertirse algún día en contratista del gobierno. Era una meta que nunca logró.
En febrero de 2022, Marco Antonio murió de COVID-19 en medio de dificultades económicas. “Mi hermano nunca tuvo… bueno, ni casa tuvo. Nosotros entre todos le entramos a estar comprando el medicamento, porque estuvo como 15 días entubado”, recuerda su hermana Francisca.
Lo que Francisca no sabía –lo que nadie en su familia sabía– es que la empresa de su hermano se convirtió en contratista millonaria del gobierno federal. En mayo de 2021, nueve meses antes de su muerte, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) le otorgó a Jylco Construcciones un contrato de 177 millones de pesos para la construcción de los dos primeros kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio en Sinaloa.
Marco Antonio nunca firmó ese contrato. Para entonces, la empresa había caído en manos de unos empresarios tabasqueños que se apoderaron de ella.
