En Arequipa, los agricultores esparcieron 50 sacos de arroz sobre la carretera Panamericana Sur. En San Martín, levantaron barricadas en la carretera Fernando Belaunde Terry. En Piura, apilaron piedras y ramas y quemaron llantas en la Panamericana Norte. Durante cinco días, las principales vías del norte, el sur y el oriente del Perú quedaron bloqueadas por una protesta que atravesó el país. No hubo muertes que lamentar, pero sí enfrentamientos entre los hombres del campo y los policías, en una nueva expresión de la fragilidad social que acompaña a Perú en vísperas de elegir presidente. El paro agrario de los últimos días de mayo tuvo alcance nacional. La protesta se extendió por nueve regiones: seis de la costa —Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y Arequipa—, dos de la sierra —Huánuco y Junín— y una de la selva —San Martín—. Aunque fue encabezada por los productores de arroz, también recibió el respaldo de gremios cafetaleros, limoneros, azucareros, bananeros y ganaderos. En el centro del conflicto estuvo el desplome del precio del arroz, uno de los alimentos más consumidos por los peruanos. Se estima que cada habitante consume en promedio 74 kilos al año. Hasta hace poco, los agricultores vendían el saco de 50 kilos entre 70 y 80 soles (entre 20 y 23 dólares). Hoy apenas logran colocarlo en 45 soles (13 dólares), pese a que en los mercados minoristas el mismo producto llega a ofrecerse por alrededor de 160 soles (47 dólares). A la caída de los precios se suman el encarecimiento de la urea, fertilizante clave para la producción y el aumento del combustible. Los gremios también cuestionan el ingreso masivo de arroz importado desde Uruguay, Argentina y Brasil que ha saturado el mercado local y generado un excedente de 350.000 toneladas métricas desde 2025. Los comités de arroceros afirman que durante meses el Estado ignoró sus reclamos. A inicios de año alcanzaron algunos acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, entre ellos, suspender temporalmente las importaciones de arroz y adquirir parte del excedente de producción —unas 180.000 toneladas— para abastecer programas sociales. Sin embargo, según denuncian los dirigentes del sector, ninguno de esos compromisos llegó a concretarse y el paro agrario puso contra las cuerdas al Gobierno transitorio de José María Balcázar y encendió la antesala de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, pactada para este domingo 7 de junio. La heredera del fujimorismo aprovechó el conflicto para emplazar al Ejecutivo. Exigió declarar en emergencia al sector agrario y adquirir arroz nacional para aliviar la situación de los productores. “Hoy sabemos que por la guerra [entre Rusia y Ucrania] los fertilizantes han subido de precio, los combustibles también, y encima el Gobierno compra arroz importado. Eso es un pecado”, afirmó durante una actividad de campaña. Fujimori también prometió que, si llega a Palacio de Gobierno, una de sus primeras medidas será atender la crisis del campo. Y envió un mensaje al presidente. “Declare en emergencia nacional la agricultura y, si este Gobierno no lo hace, yo me encargaré de hacerlo a partir del 28 de julio”, aseguró en referencia a la fecha en que asumirá funciones el próximo mandatario. Tras cinco días de bloqueos e incertidumbre, el Gobierno cedió. Mediante un decreto de urgencia autorizó la transferencia de 120 millones de soles (35,2 millones de dólares) al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para financiar la compra directa de arroz a los agricultores familiares. El producto será destinado a programas de atención para poblaciones en situación de pobreza extrema. La norma también contempla 50 millones de soles (14,6 millones de dólares) para el mantenimiento de canales de riego. Con estas medidas, el Ejecutivo consiguió una tregua y el levantamiento progresivo de los bloqueos. La prolongación de la protesta amenazaba con provocar desabastecimiento de alimentos en distintas ciudades, pero además ponía bajo presión la organización de la segunda vuelta presidencial. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, advirtió que los bloqueos podían dificultar el traslado del material electoral a diversos puntos del territorio nacional. “Hacemos la invocación para que los camiones lleguen como queremos y todos los ciudadanos hábiles para votar lo hagan tranquilamente”, señaló. En la primera vuelta, realizada en abril, los problemas logísticos retrasaron la instalación de cientos de mesas de votación y pusieron en tela de juicio el proceso. Sea como fuere, un sector gremial se mantiene disconforme con la norma. La Asociación de Productores Agrario del Medio, Bajo Piura y Sechura sostienen que la partida presupuestal es insuficiente, no atiende el problema de fondo y no descartan retomar las protestas. Los productores agrarios proporcionan cerca del 60% de los alimentos del consumo interno, y aun así se calcula que el 15% de ellos vive en condiciones de extrema pobreza. Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), ha criticado la medida para poner paños fríos a la situación. “Las respuestas no pueden seguir siendo simples parches o soluciones improvisadas; se requiere realmente enfrentar los problemas de esos peruanos y peruanas que alimentan al país”, señaló.En el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez, presentado a inicios de semana, se enfatiza que “el agro peruano se caracteriza por una profunda injusticia social y territorial” que impide que la “riqueza generada se quede en manos de los campesinos”. Cuestionan que las agroexportaciones concentren la riqueza en menos del 5% de productores mientras más de dos millones de unidades productivas dedicadas a la agricultura campesino-comunera y familiar estén “relegadas de manera sistemática”. Proponen transformar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. “Cambiaremos su enfoque pro gran empresa”, se subraya. Entre otras medidas, contempla impulsar el Nuevo Banco Agrario a través del que facilitarán créditos a tasas de interés bajas. En su propuesta, Keiko Fujimori incluye subsidios para fertilizantes, el destrabe de grandes proyectos de riego, la reactivación de programas de formalización y titulación de tierras, y el apoyo a los pequeños agricultores para ampliar su acceso a mercados, con especial atención a sectores como el arrocero. La tregua alcanzada en las carreteras difícilmente cerrará el debate sobre el futuro del campo peruano. Este domingo, cuando los ciudadanos elijan entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, también estarán definiendo una ruta para enfrentar una crisis que lleva años acumulándose lejos de la capital.