Hacia el mediodía de este miércoles 3 de junio se radicó formalmente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes el documento de 46 páginas en el que dos representantes a la Cámara -Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta-, piden llamar a indagatoria al presidente Gustavo Petro por violación de topes de su campaña 2022-2026.EL TIEMPO conoció en exclusiva apartes del expediente en el que además se ordena una serie de pruebas testimoniales y periciales en su salvamento de voto que se aparta de la ponencia del otro investigador -Alirio Uribe- quien había solicitado el archivo de la indagación por atipicidad de la conducta. LEA TAMBIÉN Coincidencias con el CNEEl presidente Gustavo Petro Foto:Archivo particularEn el documento de Arizabaleta y Carrillo se advierte que la investigación se inició en la remisión oficial de hallazgos electorales efectuada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se trasladó el "acervo documental, técnico y contable de la investigación administrativa sobre la violación de los topes de la campaña".Y si bien la Sala Plena de la Comisión de Acusaciones deberá votar si acoge o no la solicitud, en el documento se aclara que no hubo una adopción automática de las conclusiones del CNE, sino que, se adelantó un ejercicio autónomo de valoración probatoria sustentado en la sana crítica, la imparcialidad y la búsqueda de la verdad la material. Bajo esos preceptos, Arizabaleta y Carrillo empiezan por advertir que si bien la gerencia de la campaña estuvo a cargo de profesionales especializados en logística y finanzas electorales, el candidato también asumía responsabilidades en su posición de garante.No obstante, se verificaron varios de los puntos que el CNE ya había detectado como el aporte por 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode)."El rastreo de este instrumento de pago revela una cadena de intermediaciones diseñada para alejar visualmente los recursos de la fuente prohibida y disimular su vinculación real con la campaña presidencial", se lee en el aparte relacionado con esa contribución. Y concluye que si se hubiera tratado de una colaboración legítima, habría bastado con declararla e identificar al aportante. No obstante, se advierte la intención deliberada de eludir el control estatal. LEA TAMBIÉN Los otros aportes y las pruebasAlirio Uribe y Gloria Arizabaleta, representantes del Pacto Histórico. Foto:EL TIEMPOEn el documento también se menciona el aporte de la Unión Sindical Obrera (USO) por 600 millones de pesos. Y de esta se asegura que también hubo omisión deliberada de la información contable ante la autoridad electoral.Además, se recogen las operaciones de traslado aéreo que la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) le hizo a la campaña por más de 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y 962 millones de pesos en la segunda vuelta.Aunque la defensa de la campaña ha hablado de presuntos errores de digitación en los recibos y montos, en el documento se concluye que esa versión defensiva no supera el análisis de la sana crítica.Otro de los ítems mencionados es el de los pagos a testigos electorales que también fue recogido por el CNE. LEA TAMBIÉN ¿La responsabilidad de Petro?Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza en su posesión como representante 2022-2026. Foto:Twitter: @Wcarrillo101Sobre la presunta responsabilidad del Presidente se advierte que la delegación del manejo de la campaña en gerentes y tesoreros no extingue sus deberes de garante sino que los transforma en la obligación de vigilar que se cumpla con la ley electoral."La magnitud de las irregularidades detectadas que superan los 3.000 millones de pesos y que involucran mecanismos sofisticados de triangulación financiera habría debido ser perceptible para cualquier persona que ejerciera de manera diligente el deber de vigilancia sobre las finanzas de la campaña", se lee en el documento.Y agrega que no se trata de irregularidades técnicas menores o de errores contables de difícil detección.Por eso, se concluye que la instrucción deberá examinar si el candidato-aforado, tenía motivos razonables para sospechar de la existencia de irregularidades financieras de su campaña y si ante esos motivos de sospecha adoptó las medidas de verificación que un director de organización diligente habría adoptado. Entre las pruebas que se ordenan para aclarar si hubo o no responsabilidad del candidato se ordenó la recepción de su indagatoria y otras pruebas testimoniales.Entre otras, se va a citar a Juan Carlos Lemus, auditor de la campaña presidencial y al abogado principal de las campañas políticas del Pacto Histórico, Jonathan Ramírez Nieves.Presidente Gustavo Petro. Foto:gustavo petroAdemás, al representante legal de Sadi SAS y al de la empresa Ingenial Media SAS. Este último para que explique los recursos recibidos para el pago de testigos electorales.Así mismo se quiere escuchar a los representantes legales de Super GIros y ServiRed, también dentro del capítulo de testigos electorales.Otro testimonio clave será el de Benjamín Ortiz Torres, magistrado del CNE, que lideró la investigación por violación de topes de campaña. E incluso se citará a personas que recibieron pagos como testigos electorales. LEA TAMBIÉN Entre las pruebas documentales se van a pedir los extractos bancarios y movimientos de las cuentas de la campaña de la coalición Pacto Histórico, Colombia Humana y Unión Patriótica, los registros de la Aeronáutica Civil correspondiente a todos los vuelos de Sadi Sas durante el periódo de la campaña y la información contable de las empresas usadas para enviar los pagos a los testigos electorales.Ahora, la Sala Plena de la Comisión de Investigación y Acusaciones deberá votar si acoge o no el salvamento de voto de Arizabaleta y Carrillo.UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaETSíganos ahora en Facebook