A lo largo de la tarde del lunes, las comunidades autónomas comenzaron a recibir correos electrónicos del Ministerio de Hacienda para retomar las conversaciones sobre la reforma de la financiación. Y apenas unas horas después, las primeras voces de los presidentes autonómicos del PP han empezado a plantar al ministro responsable, Arcadi España, en las reuniones bilaterales que quería programar. Consideran que un asunto tan trascendental que afecta a todos no puede debatirse individualmente, sino en órganos multilaterales. Los respectivos consejeros de Economía de Madrid y Baleares consideran una "cortina de humo" esta iniciativa para desviar la atención de la presunta corrupción que rodea al PSOE y al Gobierno de España. Más allá de la estrategia política de Hacienda, los presidentes populares rechazan tratar la reforma de la financiación autonómica en despachos o llamadas. Quieren que se trate con todas las comunidades presentes en la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en reuniones bilaterales como las que plantea la cartera liderada por Arcadi España. De las comunidades gobernadas por el PP, además de las dos ciudades autónomas, casi una decena ha rechazado los encuentros propuestos por no debatirse conjuntamente. Los restantes irán informando de su negativa en las próximas horas, según informa Servimedia. Ahora el rechazo de los territorios gobernados por el PP llega por la manera de tratar el asunto pero los recelos existen desde que la antecesora de España, María Jesús Montero, presentó la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica el pasado mes de enero. Entonces, el Gobierno defendió que su plan beneficia a todos los territorios al inyectar 20.975 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra). Pero la propuesta incluye el polémico principio de ordinalidad exigido por Cataluña con el que se garantiza que esta región mantenga un equilibrio entre lo que aporta y lo que recibe. El rechazo fue frontal y actualmente las comunidades siguen rehusando tanto el fondo como la forma.La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, ha sido tajante ante un modelo que considera injusto. "Aquí se han roto todas las reglas. Se han sentado primero con el separatismo catalán y se ha llegado a una financiación singular", ha criticado. Su homóloga en Andalucía, Carolina España, ha ido más allá en su análisis y considera que el paso adelante del ministro es solo "un intento a la desesperada de contentar al independentismo en un momento en el que el Gobierno central flaquea y necesita comprar tiempo". Así que también ha rechazado acudir al encuentro para no "participar en este juego de distracción" que perpetúa "el agravio de financiación a Andalucía". De "cortina de humo" también ha hablado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert: "El mismo modelo que rechazaron 14 de las 15 comunidades de régimen común —incluidas dos socialistas— vuelve disfrazado de reunión bilateral justo cuando el cerco judicial aprieta al entorno del Gobierno", ha censurado. El vicepresidente del Govern balear y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antonio Costa, también aprecia una maniobra de distracción en la oferta de Hacienda para "desviar la atención del tsunami de corrupción que sufre el PSOE y el Gobierno de España". Lo cierto es que las comunidades autónomas gobernadas por el PP consideran necesario abordar el futuro modelo de financiación autonómica pero no de esta manera. "Se debe negociar entre todos", ha sostenido el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al igual que el responsable de Hacienda de Aragón, aunque este último apunta a la necesidad de un "diálogo sosegado" que en las circunstancias actuales "no se da". Los portavoces de los respectivos Ejecutivos de Murcia y La Rioja también han defendido modificar la manera de repartir los recursos pero en un marco multilateral. "Lo que es de todos debe negociarse en los órganos en los que están representados todos y cada uno de los españoles", ha dicho Alfonso Domínguez, de La Rioja, aunque espera a leer la letra pequeña de los asuntos que quiere tratar Hacienda antes de decidir si participará o no en la ronda de reuniones bilaterales. Eso sí, ya ha apuntado que esta manera de negociar constituye "el mejor camino para llegar a los privilegios y la discriminación entre territorios". A la cascada de declaraciones de los líderes populares ha respondido el ministro de Hacienda tras la reunión del Consejo de Ministros. Critica que no quieran "hablar de recursos adicionales" para los territorios y ha apuntado a tres razones por las que, en su opinión, no quieren sentarse a dialogar. Que "no tienen modelo, que lo que priorizan no son los intereses de su territorio sino lo que dice la dirección de su partido desde Génova o que no necesitan más recursos", ha culpado España a la oposición. El principal partido de la oposición ya expuso su modelo en la Declaración de Zaragoza, un documento que firmaron Alberto Núñez Feijóo y todos los presidentes autonómicos del PP el 18 de enero de 2026 para establecer su postura conjunta sobre la reforma de la financiación autonómica. Entonces el presidente popular pidió al Gobierno que retirara el proyecto y pactase el modelo con todas las autonomías. Las citas con los gobiernos regionales propuestas por Hacienda son el paso previo necesario a la celebración de un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que buscará aprobar el nuevo modelo. Una vez superado dicho trámite, la propuesta llegaría a Consejo de Ministros ya articulada en un texto para después viajar al Congreso, donde el ministerio confía en conseguir el visto bueno antes de que acabe el año. Necesitaría mayoría absoluta, algo que, de momento, con el rechazo rotundo del PP, se antoja complicado.