Crimen de la periodista Silvia Duzán llega a la Corte IDH contra el Estado colombianoResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00El crimen de la periodista Silvia Duzán y tres líderes campesinos, masacrados el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander), llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El caso contra el Estado colombiano fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).El caso, radicado el pasado 14 de abril de 2026, se refiere al homicidio de Josué Vargas Mateus, Miguel Ángel Barajas Collazos y Saúl Castañeda Zúñiga, integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), junto con la periodista, quien realizaba un trabajo periodístico sobre la situación de la región.La CIDH solicitó a la Corte IDH ordenar medidas de reparación integral a los familiares, atención en salud física y mental, la reactivación de las investigaciones penales y la adopción de garantías de no repetición, incluyendo capacitación a funcionarios judiciales en casos relacionados con violencia contra defensores de derechos humanos y estructuras paramilitares.Según el expediente remitido por la CIDH, la ATCC surgió en un contexto de violencia en el Magdalena Medio, marcado por la presencia de guerrillas, grupos paramilitares y agentes estatales. Sus integrantes impulsaban una estrategia de resistencia no violenta y habían denunciado previamente amenazas y hostigamientos.En febrero de 1990, hombres armados ingresaron al lugar donde se encontraba la reunión de los dirigentes campesinos junto con Duzán Sáenz y les dispararon a quemarropa. Tras los hechos, los familiares de las víctimas también habrían sido objeto de amenazas, persecuciones y desplazamientos forzados.El caso fue investigado en la Fiscalía y en la justicia penal militar, con resultados infructuosos. Aunque se adelantaron procesos contra presuntos responsables, incluidos agentes estatales señalados de integrar estructuras paramilitares, todos los acusados fueron absueltos por los homicidios. Más de tres décadas después, no existe ninguna condena.En su informe del caso, la CIDH concluyó que los hechos ocurrieron en un contexto de alto riesgo para defensores de derechos humanos, en el que existían procesos de estigmatización y señalamientos que los vinculaban con actores armados.La Comisión también señaló que, pese a las denuncias de riesgo, el Estado no adoptó medidas suficientes de protección. En su análisis, concluyó que el asesinato de los líderes campesinos impactó directamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación, al truncar su labor de defensa comunitaria.En el caso de la periodista Silvia Margarita Duzán Sáenz, la CIDH destacó que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por su trabajo periodístico y la información que recopilaba en la zona. El organismo estableció que existía una relación directa entre su asesinato y el ataque contra los líderes campesinos.Asimismo, la CIDH advirtió graves fallas en la investigación judicial, entre ellas dilaciones, periodos de inactividad e intervención de la justicia penal militar en parte del proceso. Según el informe, este último aspecto vulneró el derecho al juez natural y contribuyó a la impunidad del caso.Con base en estos elementos, la Comisión concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación de múltiples derechos fundamentales, entre ellos los derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión, asociación, garantías judiciales y protección judicial, tanto de las víctimas como de sus familiares.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.Conoce másTemas recomendados: