El sistema de atención médica para millones de jubilados y pensionados ingresó en una zona de extrema vulnerabilidad. Es la visión que tienen las entidades más representativas de los prestadores de salud privada con convenio en el PAMI, que emitieron un lapidario trabajo al que tuvo acceso PERFIL. Allí, plasmaron que existe "situación crítica" que pone en jaque la continuidad de las prestaciones básicas en todo el país. Lo que significa un riesgo total en la atención de miles de jubilados. La combinación de tres factores —una devaluación de los aranceles frente a los costos reales, un importante atraso acumulado y la aplicación de "débitos injustificados" en las liquidaciones— tiene a las clínicas y sanatorios al borde del ahogo financiero y salieron con los tapones de punta contra el oficialismo. Un nuevo dolor de cabeza en medio de complicaciones de carácter interno. Según explicaron los directivos de las cámaras firmantes, las mesas de diálogo con las autoridades del organismo previsional existieron y en ellas la gestión libertaria reconoció la gravedad del escenario. Sin embargo, la respuesta estatal no fue suficiente para el sector de los ejecutivos frente la escalada inflacionaria del sector: ante un atraso calculado en un 102% en los valores de las prestaciones, el PAMI otorgará apenas un 1,9% de aumento para junio y otro 1,9% para julio de 2026.