NoticiaColombia sí puede mejorar el orden público, pero requiere corregir un error de enfoque. Este artículo propone una ruta concreta para zonas críticas.Policía Metropolitana de Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá01.06.2026 22:24 Actualizado: 01.06.2026 22:24
Durante décadas, el debate ha oscilado entre respuestas parciales. A veces se plantea como si el problema fuera principalmente militar. Otras veces, como si pudiera resolverse sobre todo con negociación. Ambas miradas captan una parte del desafío. Ninguna organiza bien la respuesta. En los territorios críticos, la pregunta decisiva no es solo cuánta violencia hay. Es quién gobierna la vida diaria.Ese punto importa porque cambia el tipo de solución que se necesita. En esas zonas, la pérdida de seguridad no se expresa solo en homicidios o atentados, sino en restricciones a la movilidad, confinamientos, extorsión sistemática, justicia de facto, horarios impuestos y control sobre actividades económicas básicas.Allí, el problema no es solo criminal; es institucional. El Estado deja de ser, en la práctica, la autoridad que fija reglas, protege derechos y resuelve conflictos cotidianos. Este fenómeno puede formularse como una disputa por la soberanía local, entendida como la capacidad efectiva del Estado para ejercer la autoridad, proteger la movilidad, reducir la coerción cotidiana y garantizar acceso a justicia y bienes públicos.Autoridades despliegan un operativo para garantizar la seguridad Foto:ParticularLas cifras recientes ayudan a ver la magnitud del problema. En 2025 hubo 107.924 personas desplazadas en eventos masivos y 128.825 confinadas. En 2024 se verificaron 453 casos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. La extorsión pasó de 9.791 casos en 2022 a 13.802 en 2024 y siguió en 12.180 en 2025. El secuestro extorsivo saltó de 209 víctimas en 2024 a 477 en 2025. Estas cifras no hablan solo de violencia. Hablan de control territorial, restricción a la movilidad y pérdida de protección efectiva de la población. Hacia una presencia estatal efectivaCuando el control territorial se consolida, el deterioro se vuelve más difícil de revertir. No basta con entrar, operar y salir. Tampoco basta con anunciar inversión social dispersa. Lo que se requiere es recuperar presencia estatal efectiva, que no sea episódica, que no dependa de visitas esporádicas y que la ciudadanía pueda ver, usar y reconocer como confiable.La buena noticia es que este no es un problema sin salida. Hay experiencia internacional y también aprendizajes colombianos que muestran una ruta posible. Pero esa ruta exige realismo. No se puede llegar a todo el país al mismo tiempo con la misma intensidad. Hay que priorizar y concentrar capacidades. Y hay que hacerlo con una arquitectura clara que permita al Estado actuar como sistema, no como suma desordenada de entidades.Policía militar en robusto operativo para velar por orden público. Foto:ParticularLa fragmentación como cuello de botellaHoy cada entidad llega con su propia lógica, su propio calendario, sus propios instrumentos e incentivos. Defensa opera por un lado, Justicia por otro, Salud, Educación, Transporte, Agricultura, Interior y Planeación avanzan con ritmos distintos. El resultado: presencia parcial, baja continuidad y poca capacidad para resolver problemas concretos de la ciudadanía. El ciudadano ve programas, lo que no ve es Estado. El diagnóstico es claro en tres fallas acumuladas: fragmentación institucional, precariedad territorial de la presencia estatal y ausencia de rutas predecibles de atención. LEA TAMBIÉN Esa fragmentación tiene consecuencias prácticas. Más costos de acceso: para muchas familias rurales, relacionarse con el Estado implica desplazarse, repetir trámites, enfrentar incertidumbre y depender de funcionarios que cambian constantemente.Menos credibilidad institucional: cuando la presencia estatal es intermitente, los actores armados ganan terreno no porque sean legítimos, sino porque son permanentes.Inviabilidad del control sostenido: la Fuerza Pública puede abrir espacio, pero si el resto del Estado no ingresa de manera rápida y organizada, ese espacio se cierra nuevamente.La Policía Metropolitana atendió llamadas por alteración del orden público. Foto:Suministrada.Modelo de intervención en tres nivelesPara construir coordinación que produzca resultados es conveniente pensar en una estrategia en tres niveles:Nivel nacional: Colombia necesita una base legal y política que obligue una acción interagencial en territorios priorizados. No basta con exhortar a las entidades a coordinarse mejor. Se requiere un marco que defina responsabilidades, criterios de focalización, métricas comunes y obligaciones verificables para sectores que hoy operan con demasiada autonomía entre sí. La seguridad territorial no es un asunto exclusivo del sector de defensa. Es una tarea de Estado.Conducción desde el centro de gobierno: en el país abundan las instancias de coordinación que diagnostican bien y resuelven poco. Una estrategia eficaz exige algo distinto: una capacidad pequeña, estable y técnicamente sólida en Presidencia que pueda destrabar decisiones sobre presupuesto, personal, contratación, logística, interoperabilidad y secuencia de intervención. Esa conducción no reemplaza sectores, los ordena. Y eso es precisamente lo que falta cuando el Estado actúa como archipiélago. LEA TAMBIÉN Nivel territorial: este es el componente más decisivo. Los territorios críticos necesitan una unidad básica de presencia estatal continua. No una oficina adicional ni una ventanilla simbólica, sino un punto de articulación donde las personas puedan encontrar rutas claras de justicia cotidiana, protección, trámites, orientación social y conexión efectiva con la oferta pública. Esa presencia debe combinar un núcleo fijo con capacidad móvil para áreas rurales dispersas. Debe contar con personal reconocible, continuidad en el tiempo y una lógica simple: cerrar casos, no solo recibirlos.Autoridades analizan situación de orden público en Nariño. Foto:Gobernación de NariñoDe la actividad a la resoluciónEn Colombia, el Estado todavía mide demasiado por actividad y demasiado poco por resolución. Se cuentan atenciones, jornadas, reuniones y visitas. Pero lo que cambia la relación entre ciudadanía y Estado no es el número de contactos. Es la capacidad de resolver. Un caso recibido debe tener una ruta. Una ruta debe tener un responsable. Y un responsable debe tener un plazo verificable.La experiencia internacional muestra que esta lógica no es una extravagancia: Francia creó una red nacional de puntos integrados de atención, France Services, que para 2022 ya contaba con más de 500 casas y 30 buses móviles, con el objetivo de alcanzar 2.500 puntos a nivel nacional, la mayoría en zonas rurales. Su valor no está solo en la escala. Está en la idea de que la digitalización ayuda, pero no sustituye el acompañamiento humano.Perú ofrece otra lección útil. Sus Tambos han acercado servicios del Estado a miles de centros poblados remotos mediante plataformas pequeñas, permanentes y multifuncionales. Italia, con su estrategia para áreas internas, recuerda que en territorios frágiles la seguridad no se consolida solo con control coercitivo, sino también con servicios esenciales, movilidad y capacidad de coordinación multinivel. Y Estados Unidos muestra algo importante en el plano institucional: su ley de seguridad nacional crea un marco para que el presidente articule estrategias integrales y coordine la acción de los diferentes departamentos y agencias del Gobierno. LEA TAMBIÉN No se trata de replicar modelos, sino de entender la secuencia que todos comparten: primero, priorizar territorios, segundo, fijar una regla nacional que obligue concurrencia, tercero, conducir desde el centro de gobierno y, cuarto, materializar esa decisión en puntos de presencia integrada, con paquete mínimo, personal estable, modalidades móviles y seguimiento centrado en resolución.Diseño frente a improvisaciónColombia tiene experiencias valiosas en justicia local, atención a víctimas y servicios integrados. También tiene evidencia clara de lo que no funciona: rotación excesiva, superposición de programas, oferta episódica y la costumbre de medir cobertura sin medir resultado. El reto no es inventarlo todo. Es ordenar mejor lo que ya se sabe, concentrarlo donde más se necesita y sostenerlo en el tiempo.Por eso, la discusión entre paz y seguridad suele estar mal planteada. En los territorios críticos, ambas dependen de una misma condición básica: que el Estado vuelva a ser la autoridad cotidiana. Sin esa capacidad, la seguridad se reduce a contención temporal y la paz se vuelve frágil. Con esa capacidad, en cambio, es posible proteger movilidad, reducir coerción, mejorar acceso a justicia y reconstruir confianza pública.Operativos policiales sobre diferentes sectores. Foto:Archivo particularColombia necesita menos improvisación y más diseño. Menos fragmentación y más secuencia. Menos anuncios y más rutina institucional. La recuperación de la seguridad no empezará en todas partes al mismo tiempo. Empezará donde el Estado decida priorizar, coordinarse de verdad y sostenerse. Ese es el trabajo difícil, pero también el único que puede producir resultados duraderos.La propuesta completa, con su desarrollo institucional y operativo, busca convertir esta intuición básica en una arquitectura concreta de Estado.Mauricio Velásquez y Alberto José Mejía Ferrero - Análisis para EL TIEMPO LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
