La causa abierta en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el chavismo ha dado un paso clave: a pedido del juzgado argentino, España estudia la orden de extradición emitida contra el excoronel chavista Ephraín Verdú Torrelles, uno de los exaltos mandos a cargo de la represión de las protestas estudiantiles de 2014 en Naguanagua, cerca de la ciudad venezolana de Valencia. La querella presentada en 2023 ante la Justicia argentina acusa a Verdú Torrelles del asesinato de la estudiante venezolana Geraldin Moreno Orozco, de 23 años, cuando participaba en la puerta de su casa de un cacerolazo contra Nicolás Maduro. Recibió disparos por delante y por detrás, el último en el rostro, cuando ya estaba tendida en el suelo. Murió en el hospital después de agonizar durante tres días. Tras recibir información de la organización Interjust de que Verdú Torrelles se encontraba en España, el juez federal Sergio Ramos pidió en febrero su extradición por vía diplomática. Según la querella, el Consejo de Ministros aprobó en marzo la continuidad del proceso y la decisión está ahora en manos del juzgado de instrucción número 2 del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional. “Que se inicie el proceso de extradición es muy importante”, señala el abogado Ignacio Jovtis. “Estamos observando cómo sigue. Lo que pedimos es que España siga colaborando con Argentina, que cumpla con sus obligaciones internacionales, o juzgar o extraditar, y que siga dando curso a la extradición”, agrega Jovtis, director para América Latina de la organización Interjust. La madre de Geraldin, Rosa Orozco, pelea desde hace 12 años para llevar a los responsables de su muerte ante un tribunal. “No tenemos justicia en Venezuela y tenemos que buscarla donde sea”, dice a EL PAÍS por teléfono. “Cada 19 de febrero, cuando cumple años de asesinada mi hija, voy al Ministerio Público Fiscal de Venezuela y denuncio quiénes eran la línea de mando que ordenó la represión, se burlan de mí. Es muy doloroso, no tengo palabras para describirlo”, continúa. Esta madre confía en que la justicia que se le ha denegado en Venezuela llegue ahora desde Argentina. La causa abierta por presuntos delitos de lesa humanidad contra las fuerzas de seguridad chavistas por el principio de jurisdicción universal permite a los tribunales argentinos investigar y juzgar este tipo de crímenes sin importar dónde se cometieron ni la nacionalidad de los acusados o las víctimas. Eso no implica que los otros países deban colaborar, el problema con el que han chocado causas similares, como la que investiga crímenes del franquismo.El coronel Verdú Torrelles era el segundo comandante de un destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana en Valencia, la tercera ciudad más poblada de Venezuela. De esa base salían las cuadrillas motorizadas de militares para reprimir a los manifestantes con bombas lacrimógenas y perdigones de goma como la que mató a Moreno Orozco en Naguanagua, a las afueras de Valencia. Su madre recuerda lo ocurrido. “Llegó un destacamento de 24 guardias nacionales motorizados y comenzaron a disparar a los vecinos que protestaban. Había adultos, niños, mayores… A mi hija le disparan desde atrás y cuando cae le disparan en el rostro, de muy cerca, a 10 centímetros. Cuando la vi era un colador de puros perdigones”, cuenta. Ese mismo día, en ese lugar, hubo otros dos muertos por la represión.Moreno Orozco es una de las 43 víctimas fatales de la feroz represión de las primeras movilizaciones masivas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en 2014. Las protestas comenzaron en Caracas, cuando los estudiantes salieron a las calles a protestar contra la inseguridad y el 12 de febrero, cuando marchaban hasta el Ministerio Público, fueron atacados por fuerzas policiales y militares y colectivos armados. Tres jóvenes fueron asesinados ese día. Estas muertes avivaron la indignación en todo el país en un ciclo de protestas y disturbios callejeros que duró más tres meses. Además de las víctimas fatales, la represión causó también centenares de heridos y miles de detenidos. Desde el Poder Judicial y la Fiscalía se desató una persecución a los alcaldes opositores, a quienes se les responsabilizó por los destrozos y muertes ocurridas durante las protestas. Verdú Torrelles aportó su testimonio en el juicio contra uno de los alcaldes de Valencia, Enzo Scarano, destituido, inhabilitado y encarcelado ese año. El militar señaló que los manifestantes usaban un módulo de la policía municipal como “centro logístico de las protestas”. Verdú Torrelles siguió en el estamento militar y fue ascendido en 2017, junto a otros oficiales señalados por cometer violaciones de derechos humanos. Años después abandonó el país rumbo a España, de donde ahora podría ser extraditado. “Por fin podemos tener un poquito de esperanza y de luz en este calvario por el caso de mi hija y de muchísima más gente asesinada”, se ilusiona Orozco sobre el avance de la causa.Si se concreta la extradición, la justicia argentina podrá citar a declaración indagatoria al excoronel y valorar si hay elementos para iniciar un juicio por crímenes de lesa humanidad. “Sería histórico”, dice esperanzado Jovtis. Para las víctimas venezolanas, continúa, “es la primera oportunidad real de ver cómo se lleva ante la justicia a un presunto autor de los delitos cometidos contra ellas”. Supone, además, un recordatorio de que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes ni “debe haber refugio seguro” para quienes los cometen.