La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha acusado al juez Juan Carlos Peinado de actuar con “una velocidad de crucero absolutamente incompatible” con las “garantías de proceso penal en un Estado Democrático”. Así se ha pronunciado su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, en un recurso —al que ha tenido acceso EL PAÍS— que ha presentado contra la resolución en la que el instructor le citó a comparecer el próximo 9 de junio a una “audiencia preliminar” para abordar la procedencia de la apertura del juicio oral. El instructor avisó de que ese mismo día “podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de fuga ante la “extensión” de las penas de cárcel a la que se enfrenta.Fue el pasado 25 de mayo cuando Peinado convocó a la mujer de Pedro Sánchez a una “audiencia preliminar”. También citó a los otros dos investigados, la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. “Deberán comparecer personalmente los tres”, subrayó para luego advertirles de que en caso de que no acudiesen al llamamiento serían “conducidos por la fuerza pública”.El abogado de Gómez insiste en que Peinado actúa “como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento”, lo que, a su juicio, priva a las partes de “trámites esenciales”. Considera que esta actuación vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, genera un “riesgo cierto de nulidad” de las actuaciones en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara los recursos que presentó y que tiene pendiente resolver, y produce una “situación de indefensión material”. Por ello, la defensa pide al juez que rectifique su decisión e insiste en que paralice el procedimiento hasta que se resuelvan todos los recursos que tiene pendiente el órgano superior. Se apoya en la circular 4/1995 de la Fiscalía General del Estado, que sostiene que es necesario que se resuelvan los recursos sobre la idoneidad del procedimiento del jurado antes de que siga adelante la causa. Peinado, que se jubilará el próximo septiembre, ha dirigido durante dos años esta polémica instrucción, que nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias, a la que luego se sumó una de Hazte Oír y otra de Vox. El juez empezó investigando la actividad profesional de Gómez con empresarios y su relación laboral con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como el desarrollo de unsoftwarepara dicho centro de estudios a través de una cátedra extraordinaria. En estos hechos, el instructor centra los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Luego, sin embargo, amplió la causa para intentar determinar si se llegó a producir un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como asesora de la pareja de Sánchez para que esta terminara colaborando en su actividad privada, en lugar de con su labor institucional. En esta tesis apoya la presunta malversación.Insiste en pedir la citación del codirector de la cátedraEl letrado también reprocha al juez que denegase su petición de citar a declarar como testigo a José Manuel Ruano, quien fuera codirector junto a Gómez de la cátedra de la Complutense. “Nunca ha declarado en la instrucción”, insiste. A su juicio, se trata de una “omisión” que resulta “incomprensible y profundamente lesiva” para el derecho de la esposa de Sánchez. Camacho incide en que la declaración de Ruano servirá para “aclarar” el reparto de funciones y responsabilidades en la dirección de la cátedra, “confirmar la legitimidad” de las actividades académicas, “desacreditar o matizar” las conclusiones de la investigación, y proporcionar “información directa” sobre las relaciones de la cátedra con “terceros”.Además, la defensa también se queja de que Peinado rechazara citar a los peritos para que ratifiquen sus informes. Y subraya que “una pericial admitida pero no ratificada” es “un documento más, privado de la inmediación y la contradicción propias de la prueba pericial”. Entre los informes que señala consta uno que aborda las “características” de la cátedra y otro que detalla las “funciones” de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.