Las hostilidades las inició la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, el pasado 22 de mayo, cuando desveló ante la jueza de la dana que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, llamó por teléfono al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell (también del PP) para avisarle de que se había desbordado la cabecera del barranco del Poyo. En la siguiente testifical, tres días después, la actual primera edil de Torrent, Amparo Folgado, disparó aún más alto y dijo que avisó del desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo, específicamente a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia (de la que la alcaldesa es diputada provincial) y a Emilio Argüeso, el entonces secretario autonómico de Emergencias que figura actualmente como investigado en la causa.
La jueza instructora ve “especialmente significativa” la información sobre el desbordamiento de Horteta que recibió Mompó en plena reunión del Cecopi por parte de una alcaldesa que estaba sobre el terreno presenciando en primera persona la catástrofe, según afirmó en un auto dictado este pasado viernes. El presidente de la institución provincial, además, mantenía una “comunicación fluida y constante” con la consellera Salomé Pradas en el seno de la reunión, recuerda la magistrada, a quien le resulta “difícilmente sostenible” la tesis de las defensas y del PP de que el Cecopi desconocía el “estado del barranco del Poyo”.
