El genocidio de Ruanda de 1994 no solo marcó un antes y después en la historia del país africano, sino también en el sistema internacional y en su capacidad para prevenir atrocidades y sancionar a sus responsables. Durante solo unos 100 días, entre abril y julio de ese año, extremistas de la comunidad étnica Hutu asesinaron a más de 800.000 personas, en su mayoría miembros de la minoría étnica Tutsi. La masacre se llevó a cabo ante los ojos de la comunidad internacional que, pese a las advertencias de la sociedad civil y a la presencia inicial de una misión de paz en el país, no intervino de manera decisiva para prevenir las atrocidades. Posteriormente, esta experiencia —entre otras similares durante los años 90— llevó al desarrollo de la norma internacional de la Responsabilidad de Proteger y a la creación de la Corte Penal Internacional. Con ello, el genocidio de Ruanda deja un legado para la comunidad internacional en cuanto a la protección de civiles en todo el mundo. Este legado parece aún más relevante en tiempos en que se observa una creciente denegación de los derechos humanos como prioridad en la política internacional. La universalidad de los derechos humanos significa que estos derechos corresponden a todas las personas en todo el mundo, por lo que un compromiso verosímil con ellos implica su defensa a nivel internacional.