El grupo parlamentario Sumar ha propuesto introducir en la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad la creación de un título de familia monoparental que identifique a este tipo de hogares que suelen enfrentarse a mayores dificultades pero con menos ayudas públicas. La formación ha registrado una enmienda que plantea este reconocimiento jurídico, que en realidad ya estaba recogido en la ley de familias, pero esta ley lleva bloqueada en el Congreso de los Diputados desde hace más de dos años ante la falta de impulso por parte del PSOE.Los de Yolanda Díaz aprovechan, así, este otro carril parlamentario para introducir una demanda histórica de las más de 300.000 familias monoparentales que hay en España, y ante la falta de avances con la ley de familias, varada en el Congreso desde 2024, donde acumula casi 90 prórrogas del periodo de enmiendas. Lo hacen, además, en una reforma que ha demostrado cosechar un amplio consenso entre los grupos: la norma del Ministerio de Derechos Sociales superó en diciembre su primer examen parlamentario con la abstención del Partido Popular, y ahora está en fase de Ponencia, en la que los partidos defienden y negocian las 362 enmiendas presentadas al proyecto para ver cuáles añaden. En concreto, esta modificación que propone Sumar introduce una disposición adicional que establece que, en el plazo de 18 meses desde la aprobación de la norma, el Gobierno desarrollará los "requisitos y condiciones" para acceder a un "título específico que permita la acreditación oficial como familia monoparental a las familias en las que exista una sola persona progenitora o a aquellas unidades familiares en las que, aunque haya dos personas progenitoras, se produzcan situaciones que, en su caso, se consideren equiparables". Ese "título de familia monoparental", según detalla la enmienda, acreditará a este tipo de hogares para "acceder a los derechos, beneficios o servicios" que implementen las comunidades autónomas. El partido a la izquierda del PSOE defiende la necesidad de esta medida, pues considera que la ausencia de un título específico de familia monoparental "genera importantes disparidades en el acceso a derechos y beneficios vinculados a esta condición. Este reconocimiento, justifican, "facilita la identificación de situaciones familiares que, aun siendo diversas, comparten condiciones equiparables y requieren una protección coherente, garantizando la igualdad en el acceso a apoyos públicos en el conjunto del Estado".Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), las familias monoparentales se enfrentan a una vulnerabilidad extrema. La mitad de las familias monomarentales (el 80% son mujeres) está en una situación de pobreza y exclusión social (tasa AROPE), esto es, el doble que la tasa para la población general y 20 puntos más que los hogares unipersonales. La tasa de pobreza se duplica también (43,4 frente al 25%), como sucede con la carencia material y severa (16,5 frente al 8,2%); y casi siete de cada diez madres solteras tiene dificultades para llegar a fin de mes (frente al 44,7% de los hogares unipersonales).La medida, no obstante, queda algo descafeinada respecto a lo que introducía la ley de familias, que iba más allá del título acreditativo, pues incluía además la equiparación de las familias monoparentales con dos hijos a las familias numerosas. Además, lo planteado hasta ahora es solo una propuesta: ahora Sumar debe negociar con el resto de grupos para convencerles de que se añada al articulado de la ley en la reunión prevista para el próximo 17 de junio en la Cámara Baja. Las otras medidas de la reforma de BustinduyLa reforma de las leyes de dependencia y discapacidad pretende transformar el modelo asistencial en España y refuerza la ayuda a domicilio. El texto elaborado por el departamento que dirige Pablo Bustinduy cuenta, en general, con un apoyo considerable en las Cortes, igual que lo han hecho otras leyes de discapacidad, como la ley ELA o la reforma del artículo 49 de la Constitución. La ley incluye avances, como el refuerzo de la ayuda a domicilio (que podrá extenderse a otros espacios, como los supermercados o el médico) o el préstamo de productos de apoyo como sillas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz. También se amplía la ayuda económica por cuidados a familiares, que podrán percibir personas allegadas o convivientes, y se contemplan servicios transitorios para los dependientes en grado II o III que estén esperando a recibir un recurso. Para reducir la burocracia, la reforma reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a las personas en grado I de dependencia; y un 65% a las de grado II o III. Además, suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.