El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió cambios en el monotributo. De manera urgente, clara y concisa. Basados en un incremento en las alícuotas, una ampliación de la cantidad de adherentes en las escalas más altas, una persecución de los posibles evasores que se escondan en el régimen y la obligación para que más personas físicas se sumen al averno de los autónomos, abandonando la “comodidad” y el “enanismo fiscal” del régimen simplificado para pequeños y medianos contribuyentes. Concretamente, el organismo pidió “auditar al 20% de los monotributistas” y mejorar “la eficiencia en la recaudación del Monotributo”. Curiosamente, este reclamo se hizo vibrante en durante la firma del Stand By de septiembre del 2003 entre el FMI y el gobierno de Néstor Kirchner, que derivó en la cancelación total de la deuda en el 2006. Las críticas al monotributo se repitieron en julio del 2018, durante el nuevo Stand By firmado por el gobierno de Mauricio Macri y en las sucesivas revisiones de cumplimientos, en una acuerdo que finalmente terminó caído en diciembre del 2019 al asumir Alberto Fernández la presidencia de la Nación. Finalmente, la condena social del FMI al régimen simplificado, volvieron en marzo del 2022 con el Facilidades Extendidas firmado durante la gestión de Martín Guzmán en el Palacio de Hacienda; y en la renegociación de ese mismo acuerdo en agosto del 2023 con Sergio Massa al frente del ministerio de Economía. En todas esas oportunidades, de manera constante, firme y poco solidaria, el FMI reclamó por el monotributo, demostrando que hay una línea editorial clara y crítica del organismo que ahora maneja Kristalina Giorgieva y que antes gestionaron (desde el gobierno de Carlos Menem) hasta hoy Michel Camdessus, Horst Köhler, Anne Osborn Krueger (interina), Rodrigo Rato, Dominique Strauss-Kahn (cómo olvidarlo), John Lipsky (interino), Christine Lagarde y David Lipton (interino). En todas estas gestiones de directores gerentes, se repitió con Argentina (además de las críticas habituales, crónicas, y constantes), el reclamo de la modificación del régimen simplificado. O, mejor aún, su eliminación. La “recomendación” sobre el monotributo conocida en el texto definitivo correspondiente a la aprobación de la Segunda Revisión Obligatoria del acuerdo de Facilidades extendidas vigente actualmente, sólo repite la teoría constante del Fondo en este capítulo del sistema tributario argentino. Concretamente, la frase central del FMI sobre el régimen simplificado versión 2026 fue: “Impone una carga efectiva mucho menor que el sistema general, lo que genera fragmentación empresarial y limita el crecimiento de las empresas”. El organismo reconoció que el régimen ayudó a formalizar trabajadores, amplió cobertura previsional y de salud y simplificó el cumplimiento tributario; pero que hoy desalienta el crecimiento, incentiva que contribuyentes no pasen al régimen general y reduce la recaudación. Lo mismo que dice desde siempre. O al menos desde que el monotributo se creó en 1998 durante el gobierno de Carlos Menem. Otra definición textual del FMI en el texto conocido esta semana fue que los límites y escalas del sistema generan: “saltos bruscos” entre categorías; lo que obligaría a empujar a muchos contribuyentes a mantenerse artificialmente debajo de ciertos topes de facturación. La recomendación concreta, con frase exacta, del staff técnico fue: “alinear las tasas efectivas y las contribuciones sociales con el régimen general”.
El FMI vuelve a la carga contra el monotributo y reclama una reforma que Milei no puede aplicar
El organismo volvió a cuestionar el régimen simplificado y pidió aumentar controles, elevar la presión tributaria sobre los contribuyentes de mayores ingresos y acercar el sistema al esquema general de autónomos. No es una novedad: el reclamo se repite desde hace más de dos décadas y atravesó los gobiernos de Menem, Kirchner, Macri, Fernández y Milei. Aunque el Fondo calcula que una reforma podría sumar hasta US$ 6.000 millones en recaudación, en la Casa Rosada descartan avanzar. Consideran que un aumento de impuestos sobre casi 4,7 millones de monotributistas tendría un alto costo político y electoral.











