Opinión
Editorial
EDITORIALUn proceso judicial que ronda las dos décadas, contra la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), tuvo un extraño, súbito y lesivo giro el 22 de mayo último.
Un proceso judicial que ronda las dos décadas, contra la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), tuvo un extraño, súbito y lesivo giro el 22 de mayo último. El juez Tercero de Instancia Penal, Julio César Vásquez Xol, ordenó la inmovilización de una cuenta de dicha firma y el arraigo de directivos, por un reclamo de supuestos servicios prestados entre 2004 y 2008. El presidente de la Empornac afirma que no existen contratos. Lo extraño es la celeridad con la cual el juez Vásquez Xol —estuvo en una judicatura de Puerto Barrios, hace algunos años— decretó la medida para presionar el cobro de Q197 millones del pretendido adeudo. Tanta rapidez para afectar tan voluminoso monto de fondos públicos en un caso que recién conoce despierta suspicacias y temores.
Los temores son de diversos sectores empresariales, importadores y exportadores, que avizoran una grave crisis de abastos y pérdidas por retrasos de embarques, lo cual complicaría aún más los costos logísticos, que ya de por sí son altos por las limitaciones de infraestructura, pero que se han visto incrementados por la crisis de costo de combustibles. Algunos proveedores y compradores empiezan a evaluar el uso de puertos hondureños, lo cual adicionaría complicaciones y costos.
