El Perú se acerca al 7 de junio con una segunda vuelta que la última encuesta del IEP describe con claridad: más de un tercio del electorado rechaza a cada uno de los dos candidatos. Por un lado, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú acumula 40% de antivoto y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, 37%. Además, un 12% de peruanos aseguran que votarán en blanco o viciarán su voto. La ciudadanía siente decepción con ambos.
El antivoto de Keiko Fujimori parte de uno de los niveles de rechazo más altos de la historia electoral peruana, acumulado durante un quinquenio en que el fujimorismo fue protagonista central del deterioro institucional del país. El de Roberto Sánchez supera al que registró Pedro Castillo en 2021. Ambos llegan al balotaje con deudas ciudadanas que esta campaña no solo ha saldado sino que ha profundizado con silencios y discursos que ningunean el sufrimiento de peruanos.
Y las encuestas nuevamente revelan una geografía del rechazo que confirman la fractura que el próximo gobierno tendrá la obligación de atender con políticas efectivas y no desde el discurso. El antivoto a Sánchez se concentra en Lima con 56%. El de Fujimori domina en el Oriente con 49%, el Centro con 46%, el Sur con 43% y el Norte con 37%. Esas regiones son también las que concentran a los microempresarios más golpeados por el crimen organizado que las leyes del último Congreso favorecieron, y a las familias de las víctimas mortales y heridos de las matanzas cometidas por agentes del Estado durante las protestas, quienes hasta hoy esperan reparación y justicia que el Estado les debe. Cerrar esa brecha exige al próximo gobierno derogar esas leyes y garantizar que el Estado cumpla con sus víctimas.
