Bolivia entra en su cuarta semana de paro y bloqueos sumida en la peor crisis política, económica y social de los últimos años. Lo que arrancó a finales de abril como un pliego de demandas sectoriales -incremento salarial, mejora del suministro de combustibles, abrogación de la ley de hidrocarburos- ha mutado en una enmienda a la totalidad al Gobierno liberal de Rodrigo Paz Pereira. Los bloqueos campesinos asfixian al país andino, mantienen la sede de gobierno ailsada por tierra y han cortado las principales vías de comunicación del territorio.PublicidadEn juego está la viabilidad del proyecto conservador que en noviembre puso fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y, con él, la prometida "transición ordenada" que aseguraba cerrar el ciclo abierto por Evo Morales. Seis meses después, el Ejecutivo ha perdido el control físico del territorio en el departamento de La Paz, depende de un puente aéreo y de la ayuda humanitaria de cinco países —Brasil, Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos— para abastecer a su capital política, y enfrenta una exigencia de renuncia que articula un arco social más amplio que las bases tradicionales del masismo.La Policía Boliviana, por boca de su comandante general, Mirko Sokol, identificó este martes 150 puntos de bloqueo activos -el triple que hace una semana-, con La Paz y El Alto aisladas por tierra. La escasez de combustibles, alimentos, oxígeno y medicamentos es estructural. La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupak Katari -que controla más de una veintena de puntos en el altiplano aymara- pasaron en pocos días de la reivindicación sectorial a la exigencia única de renuncia. La abrogación de la Ley 1720 sobre hidrocarburos a mediados de mayo, principal concesión del Ejecutivo, no calmó la calle.Un Ejecutivo nacido débilLas protestas atenazan a un Gobierno que llegó al poder lastrado. Paz -liberal hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, nacido en Santiago de Compostela durante el exilio familiar y ganador en segunda vuelta con el 54,5% de los votos- se presentó con el lema Capitalismo para todos, una ecuación difícil de conjugar en un país históricamente controlado por las élites criollas y donde la población indígena ha jugado un papel periférico en el control económico y político. Seis meses después, el Ejecutivo no ha logrado revertir la escasez de carburantes que su candidato prometió liquidar de inmediato ni contener el deterioro económico heredado.La crisis de los carburantes -derivada de la caída sostenida de la producción nacional de gas y de la cuasi inexistencia de divisas- lleva lastrando al Ejecutivo desde la propia investidura. La bancada oficialista del Partido Demócrata Cristiano (PDC) carece de mayoría en la Asamblea Legislativa y aparece fracturada en tres bloques: los afines al presidente, los leales a la dirección del partido y los seguidores del vicepresidente, Edman Lara, exoficial de policía con notable proyección mediática y agenda propia. El cóctel -Ejecutivo en minoría, partido dividido, vicepresidente autónomo- ya había mostrado la fragilidad estructural del Gobierno antes del estallido social.PublicidadLa crisis de los carburantes lleva lastrando al Ejecutivo desde la investiduraA esa debilidad institucional se le suma la fotografía de una izquierda boliviana fracturada que, en lugar de capitalizar el desgaste oficialista desde el Parlamento, opera desde la calle. El MAS -partido que gobernó el país durante dos décadas- llegó a los comicios de octubre en retirada, gravemente herido por las divisiones internas. La ruptura entre Morales y el expresidente Luis Arce llevó al partido a presentar tres candidaturas en primera vuelta -Arce vía su exministro Carlos del Castillo, el joven Andrónico Rodríguez por su cuenta y el voto nulo promovido por Evo, que rondó el 20%-. La suma de los tres no habría superado el resultado de las derechas. El otrora imparable MAS sigue dividido y sin visos de reconstrucción, y la oposición al Ejecutivo no se articula desde un Parlamento sin mayoría alternativa, sino desde una calle conducida por la COB, el campesinado aymara y los sindicatos.La muerte de Vilaque y el ultimátum de los noventa díasEl intento del Ejecutivo de imponer un "corredor humanitario" marcó un antes y un después. El sábado 23, una caravana militar-policial de unos 2.000 efectivos encabezada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, recorrió 37 kilómetros desde la Ceja de El Alto hasta el peaje de Vilaque, en la carretera La Paz-Oruro. Fue recibida con dinamita y piedras. Zamora sufrió dos emboscadas, permaneció varias horas incomunicado y regresó a La Paz por caminos vecinales. "He sentido mi vida en riesgo", declaró a Unitel.PublicidadEste lunes 25, el vocero presidencial José Luis Gálvez reconoció el primer fallecido oficial: Víctor Cruz Quispe, de 24 años, recibió un disparo en Vilaque. El acta del Hospital de Clínicas certifica "traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego" y la Fiscalía de La Paz investiga por homicidio. Sokol sostiene que el disparo procedió "del lado contrario" al de las fuerzas del orden; el Gobierno insiste en que los efectivos no portaban armamento letal. Los familiares, sin embargo, velaron el ataúd cubierto con la wiphala y Vilaque ha proporcionado al movimiento un mártir, una bandera y un nombre propio.En su programa dominical del 24 en Radio Kawsachun Coca, Morales marcó su línea política: "A Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días". El expresidente -en rebeldía desde el 11 de mayo y con causa abierta por presunta trata agravada- atribuyó además el deterioro a la supuesta injerencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y del operador argentino Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei. La fórmula no es retórica: el artículo 169 de la Constitución prevé elecciones anticipadas en un plazo de 90 días en caso de renuncia presidencial.Salario, diálogo y respaldo exteriorPaz ha descartado la dimisión. Su réplica ha sido una combinación de gesto simbólico, oferta de diálogo y blindaje internacional. Este lunes, en Sucre, anunció la reducción a la mitad de su sueldo y del de sus ministros, una medida que no figura entre las demandas de los movilizados. "A quienes no dialoguen les caerá la Constitución", avisó.Ese mismo miércoles 27, y en paralelo a la apertura del Consejo Económico y Social -el espacio de diálogo impulsado por el Ejecutivo-, Paz promulgó la ley que deroga la Ley 1341 de Estados de Excepción -aprobada en 2020 precisamente para limitar el uso de las Fuerzas Armadas en disturbios civiles tras la caída del propio Morales-. La norma, aprobada con más de dos tercios en ambas cámaras, no declara de forma automática el estado de excepción, pero deja al Ejecutivo con el camino legal despejado para hacerlo. El Gobierno lo presenta como "última opción". La oposición lo lee como una vía libre a la militarización.Paz ha derogado la ley que limitaba el uso de las Fuerzas Armadas en las manifestacionesEn el exterior, el cordón de respaldo es más sólido. El lunes 25, Paz conversó telefónicamente con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que ordenó el envío de ayuda humanitaria e instó a "evitar la violencia y priorizar el diálogo". Brasil se sumó a Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú. La Unión Europea, a través de las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia, condenó la violencia y exigió respeto al orden constitucional.En 2019, fuertes movilizaciones callejeras y la presión del Ejército provocaron la caída de Morales tras unas cuestionadas elecciones presidenciales. Hoy, el reloj corre en sentido inverso. En entrevista exclusiva con Público el pasado 22 de marzo en Lauca, el propio Morales aseguró querer "que le vaya bien al presidente" porque, dijo, "si le va bien al presidente, nos va bien a todos". Y, acto seguido, anticipó "levantamientos, especialmente entre los campesinos" si Paz mantenía su programa de ajuste. Dos meses después, esos levantamientos son la realidad cotidiana del país.