El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó este viernes más detalles sobre el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que el Gobierno nacional planea enviar al Congreso. La iniciativa, que ya había sido anticipada por Manuel Adorni, propone una profunda actualización del régimen societario vigente, con el propósito de adecuarlo a las nuevas dinámicas económicas y fomentar la llegada de inversiones.
De acuerdo con el funcionario, el esquema actual responde a una lógica normativa propia de los años setenta, caracterizada por una fuerte intervención estatal y una visión de control sobre la actividad privada. La propuesta oficial busca reemplazar ese enfoque por otro basado en la libertad contractual y la capacidad de los socios para definir las reglas de funcionamiento de sus empresas.
Uno de los cambios más relevantes es que gran parte de las disposiciones de la ley pasarían a tener carácter supletorio. Esto significa que prevalecerían los acuerdos establecidos en los estatutos societarios, mientras que las limitaciones impuestas por el Estado quedarían reservadas para casos excepcionales.
La reforma también contempla una reducción de las facultades de los registros públicos, que ya no podrían imponer requisitos o restricciones adicionales a las previstas por la normativa. En paralelo, se flexibilizaría el concepto de objeto social: las compañías podrían abarcar actividades diversas sin necesidad de que guarden relación entre sí e incluso prescindir de su definición específica, quedando habilitadas para desarrollar cualquier actividad lícita.
