"Que me conste a mí, desde luego que no". La única vez que el presidente del Gobierno ha respondido de forma directa a la pregunta de si Leire Díez trabajaba para el PSOE lo hizo acogiéndose a una de las fórmulas más utilizadas por los imputados para contestar. Negó tal vinculación y se protegió con un "no me consta". Ahora, con la investigación sobre la colaboración pagada de su partido con una organización criminal en marcha, tendrá previsiblemente que volver a hacerlo, aunque esta vez ante el juez. Distintas fuentes jurídicas consultadas ven inevitable que se le cite "al menos" como testigo. La investigación lanzada por el juez Santiago Pedraz está aún en pañales y, pese a ello, el nombre del presidente del Gobierno ya aparece mencionado en numerosas ocasiones en el auto por el que el magistrado avaló los registros y requerimientos de información e imputó a la gerente y al exsecretario de Organización de una formación que él dirige como secretario general. Los principales miembros del grupo de Leire Díez han dejado claras varias veces en sus conversaciones que Santos Cerdán —al que el instructor coloca como coordinador de sus actividades— les transmitía que Pedro Sánchez estaba al corriente de todas sus acciones. En las distintas reuniones que mantuvieron para tratar de cosechar información negativa que les sirviera para desactivar los distintos procedimientos que acechan al entorno del PSOE o del propio presidente, transmitieron a sus interlocutores ese detalle. El grueso de los indicios con los que cuenta Pedraz se han obtenido a partir de la incautación de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos que utilizaban la fontanera del PSOE Leire Díez, el socio de Santos Cerdán Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández y, según aseguran fuentes cercanas al caso, las referencias al "uno", "one", "jefe" o "superjefe" se multiplican en nuevos mensajes que no han sido reproducidos por el juez en su último escrito. Pero más allá de eso, hay tres aspectos que convierten en algo casi inevitable que el presidente acabe declarando. El primero de ellos es la aparición, en contacto con el entramado, de personas que pertenecían a su núcleo de confianza más directo y sobre las que el juez ya indaga. Se trata, en concreto, de los dos Serrano, Juanma y Juanfran, el primero de ellos jefe en su momento del gabinete del presidente. El magistrado ha señalado que han aparecido indicios que revelan su colaboración con los investigados y apunta que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal. También se menciona al que fuera director de comunicación del partido, Ion Antolín. El segundo aspecto son los lazos del partido con el grupo criminal investigado. El PSOE no se limitó a relacionarse con ellos a través de Cerdán, sino que brindó a la fontanera y a los suyos un soporte estructural y logístico completo. El partido no solo pagaba sus actividades, sino que puso a las dos empleadas de la Secretaría -Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro- a ayudarles con las reservas para sus desplazamientos y alojamiento. También ofreció la sede de Ferraz para que celebraran reuniones en más de una veintena de ocasiones. Proteger a Pedro Sánchez El tercer punto es la motivación que llevó al partido a impulsar a estas cloacas. La decisión se adoptó con el objetivo principal de proteger a Pedro Sánchez y la premisa inicial de desactivar de forma prioritaria aquellas causas que afectan a su familia más directa. En el caso de que el juez opte con el avance de la investigación por citar a Sánchez como testigo, el presidente tendrá la opción de responder a sus preguntas por escrito. El presidente del gobierno está aforado ante el Supremo y la Audiencia Nacional no puede atribuirle la condición de investigado. Al margen del presidente del Gobierno, el propio partido se encuentra en posición delicada. Durante el largo requerimiento de casi 12 horas llevado a cabo por la UCO este miércoles, los agentes solicitaron la aportación íntegra del Programa de Cumplimiento Normativo y, en concreto, el modelo de prevención de delitos aplicable a los años 2024 y 2025. No solo eso, la Guardia Civil también exigió que se le facilitase la identificación del responsable de ese cumplimiento. La falta de esos controles o su ineficacia dibujan un escenario de imputación como persona jurídica. Por el momento, la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, ya ha mostrado sus cartas. En un mensaje difundido en redes, ha asegurado que el PSOE "no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto". "Somos los primeros interesados en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso. Una vez se levante el secreto de sumario y analicemos en profundidad todos los detalles, daremos todas las explicaciones pertinentes", ha dicho. Desde el partido y también desde Moncloa se han iniciado, además, movimientos para encapsular a Sánchez y alejarle de actuaciones que se atribuyen exclusivamente a las acciones y decisiones de Cerdán. Se reproduce ahora lo que ya ocurrió tras su imputación por amañar contratos públicos a cambio de mordidas. El contenido del sumario determinará si esta estrategia vuelve ahora a tener éxito o es imposible de sostener. "Que me conste a mí, desde luego que no". La única vez que el presidente del Gobierno ha respondido de forma directa a la pregunta de si Leire Díez trabajaba para el PSOE lo hizo acogiéndose a una de las fórmulas más utilizadas por los imputados para contestar. Negó tal vinculación y se protegió con un "no me consta". Ahora, con la investigación sobre la colaboración pagada de su partido con una organización criminal en marcha, tendrá previsiblemente que volver a hacerlo, aunque esta vez ante el juez. Distintas fuentes jurídicas consultadas ven inevitable que se le cite "al menos" como testigo.