El próximo domingo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que es uno de los países latinoamericanos en los que el régimen electoral funciona con más limpieza y garantías, en buena parte debido al buen desempeño de la administración electoral. Singularmente, hay una institución clave en el desarrollo de los procesos electorales, y esta es la Registraduría Nacional del Estado Civil. En Colombia, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los países europeos, la organización de las elecciones descansa casi en su totalidad en un solo órgano, la mencionada Registraduría, que goza además de una autonomía e independencia plenas con relación a todas las demás administraciones y los poderes públicos. Por eso es esencial su papel en la credibilidad del régimen electoral colombiano y, por tanto, en la legitimación del propio sistema democrático. Y por ello también, a veces es objeto de infundadas críticas por diversos sectores políticos.No basta, en todo caso, con la regulación normativa de la institución. La persona que está al frente es también esencial, pues puede contribuir a acentuar la legitimidad de sus actuaciones, como ocurre en los últimos años con el actual Registrador, Hernán Penagos. Su desempeño al frente de la Registraduría es un ejemplo de independencia y rigor profesional y técnico. Ante comentarios que pretendían sembrar dudas y desinformación, ha salido públicamente en defensa de la limpieza y seguridad del proceso, aportando argumentos solventes y contundentes.Hace unas semanas, el registrador Penagos realizó una visita institucional a diversas entidades españolas, y compartió con un grupo de expertos un desayuno organizado por World in Progress, un foro impulsado por el Grupo Prisa. En dicho foro reiteró que, frente a algunas campañas de desinformación, “las posibilidades de alterar el proceso electoral son nulas”, y reconoció que lo que está ocurriendo es que atacar la limpieza del proceso electoral se ha convertido en un instrumento que da votos, y algunas formaciones políticas lo utilizan de modo irresponsable (no solo en Colombia, sino en muchos otros países).Al margen de la enorme diferencia que supone concentrar toda la responsabilidad de organizar el proceso electoral en una sola institución (la Registraduría), el funcionamiento del régimen electoral colombiano tiene muchos elementos parecidos al español, y sigue basándose en las evidencias documentales del voto. Esto no impide que se utilicen las nuevas tecnologías para otras cuestiones como, por ejemplo, facilitar la transmisión de los resultados provisionales del preconteo que se realiza el día de la votación o para garantizar la identificación de los electores (mediante identificación biométrica), con equipos informáticos en cada uno de los puestos de votación. Cada elector se acerca a votar con un documento de identidad. Para evitar posibles suplantaciones, se realiza una autenticación mediante el cotejo de la huella dactilar y la información encriptada que hay en la cédula de ciudadanía. La información se confronta con la información dactilar del ciudadano que se encuentra en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Un sistema absolutamente seguro, que no ha dado lugar a ningún problema, y que se ha reforzado en el mandato del actual registrador.El preconteo (escrutinio provisional) se basa en las evidencias de las actas de escrutinio (formularios E-14) de los jurados de votación (lo equivalente a las mesas electorales en España). Pero, como ocurre en el sistema español, el preconteo no tiene valor jurídico vinculante, sino que, como establece el Código Electoral, los resultados oficiales de la elección solo se conocen una vez concluya el proceso de escrutinio, a cargo de las comisiones escrutadoras (formadas por más de 9.300 jueces y notarios) y el Consejo Nacional Electoral. Tampoco en España el escrutinio provisional tiene valor jurídico, sino que ha de esperarse al escrutinio oficial, que realizan las juntas electorales a partir del quinto día posterior a las elecciones. En Colombia, sin embargo, se añade un elemento que da más garantías, si cabe, al proceso: todas las actas de escrutinio se escanean y publican en la página web de la Registraduría. Esto se hace también en otros países latinoamericanos, y permite localizar, en tiempo real, los resultados del escrutinio provisional en cualquier mesa electoral a medida que va finalizando. Sin duda, otros países deberíamos tomar nota, porque poner a disposición de la ciudadanía la evidencia documental del resultado de cada mesa electoral sería la manera de combatir la desinformación que, por desgracia, se suele difundir irresponsablemente en redes sociales, sin conocer el fondo del problema: no es lo mismo el escrutinio provisional (preconteo), en el que —aunque es difícil— podría haber errores, y el escrutinio oficial, en el que dichos errores se corrigen. En todo caso, en las elecciones colombianas, como ha puesto también de relieve Hernán Penagos, la fiabilidad de los resultados provisionales es muy elevada, además de rápida y confiable. Y ello es así porque se basa en las 360.000 actas firmadas por 860.000 ciudadanos, elegidos por sorteo como “jurados de votación” (lo equivalente a las mesas electorales españolas), ante otros 800.000 testigos electorales (representantes de las diversas candidaturas en liza). Actas que, al estar accesibles a cualquiera, permiten contrastar si coinciden con los resultados provisionales publicados.Hay otro aspecto del régimen electoral colombiano que me parece destacable, y es la capacitación que se lleva a cabo dirigida a las personas designadas como jurados de votación. La Registraduría Nacional se encarga también de organizar las sesiones de formación, notificando previamente a la jornada de votación, dónde se celebran. Son presenciales, en diferentes lugares a lo largo y ancho del territorio. Sin duda, es una manera de concienciar a la ciudadanía de su responsabilidad cívica y democrática. En otros países se utiliza un breve “manual” para actuar en la mesa electoral, pero debería seguirse este modelo (no solamente colombiano), y aquí resultaría fácil hacerlo, además, utilizando las nuevas tecnologías, organizando, por ejemplo, sesiones telemáticas.En definitiva, máxima confianza en la Administración electoral colombiana, con la Registraduría a la cabeza, y en el funcionamiento de su régimen electoral.