Desde el 11 de mayo pasado, Daniella Camacho y Carlos Alarcón no solo integran la lista de postulantes que buscan ser seleccionados como fiscal General del Estado, sino que también comparten la sala de audiencias en el caso Sinohydro, proceso penal en el que son investigadas 21 personas por el delito de cohecho, entre las que está el expresidente de la República, Lenín Moreno, y el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo. Camacho como jueza penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integra el Tribunal de Juzgamiento junto a los conjueces Manuel Cabrera (ponente) y Julio Inga. En cambio, Alarcón ejerce la potestad de fiscal general encargado y encabeza la acusación oficial que busca probar que en el caso Sinohydro se estructuró una red de corrupción que habría recibido más de $ 76 millones en coimas de la empresa pública china Sinohydro para que esta última se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.Al momento, Camacho y Alarcón ocupan los primeros lugares de un concurso público que mantiene en carrera a otros 26 profesionales del derecho que aspiran a ocupar por seis años el cargo de fiscal general titular. El proceso arrancó a inicios de 2026, está en manos de una comisión ciudadana de selección, pero será el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) quien designará a la nueva autoridad. PublicidadEl último 11 de mayo se instaló la fase de juzgamiento y desde el día siguiente el fiscal general encargado Carlos Alarcón presenta la prueba testimonial y pericial anunciada. En ocho días de audiencia de juicio la acusación oficial ha presentado ante los magistrados nacionales un total de 16 peritos y testigos. El último en intervenir la mañana de este jueves, 28 de mayo, ha sido Marco Pazmiño, perito que realizó un informe y las conclusiones de la materialización de información ingresada al caso mediante Asistencia Penal Internacional. Tener a dos participantes del concurso a fiscal general en la misma sala de audiencias generaba incógnitas en los procesados y sus abogados. Básicamente las preguntas giraban en torno a la actuación que tendrían cada uno desde la función que mantienen y si la independencia y objetividad primaria en el tratamiento de la prueba quie se evaluaría.Previo a que se instale la audiencia de juzgamiento y se conozcan los “alegatos de apertura” uno de los escritos que conocieron los juzgadores del caso Sinohidro fue presentado por la defensa de los procesados María Patiño y Xavier Macías Carmigniani. Ellos buscaban que la audiencia no se lleva a cabo porque Carlos Alarcón se encontraba participando del concurso para fiscal General del Estado y ante ellos pedían que el tribunal se pronuncie sobre ese particular.PublicidadPublicidadEn la misma audiencia el fiscal Alarcón dejó claro que no existe ninguna norma que impida su participación en el concurso, así como de la jueza Camacho, y que intervenga en el juzgamiento dentro de un proceso penal. Quien llegó al cargo de fiscal general debido a las renuncias de Diana Salazar y de su subrogante, Wilson Toainga, aseguró que actuará con “absoluta objetividad e imparcialidad”.Luego de una deliberación, el ponente de la Sala de Juicio, Manuel Cabrera, explicó que no existe disposición legal alguna que impida o limite en este momento que el fiscal General del Estado encargado Carlos Alarcón o la jueza nacional Daniella Camacho puedan llevar adelante el desarrollo de esta audiencia. Publicidad“La situación es clara y fundamental, las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros en la condición que ejercemos son de carácter individual. Las mismas pueden ser observadas no solamente por la Ley, sino también por el Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, no se puede paralizar la administración de justicia, tiene que llevar su curso. (...) Bajo esa prerrogativa tendríamos que suspender todas y cada una de las diligencias en las que intervengan dichas autoridades o juzgadores. Por lo que este tribunal considera que no se ha justificado una causa que impida su desarrollo o su ejercicio, y en pos de la investidura que tienen cada uno de ellos, tienen que cumplir con su trabajo. Por tanto, se niega la petición”, anotó Cabrera. Felipe Rodríguez, abogado de la procesada Priscila Burneo, dice no tener dudas sobre la imparcialidad de Alarcón o Camacho, aunque reconoce que ser candidatos a fiscal general puede influir en la actitud de quienes toman decisiones, por cómo los percibe la sociedad. Sin embargo, no cree que la intervención de ambos en el concurso para fiscal General del Estado afecte el fondo de las decisiones y reiteró que confía en la integridad profesional de los involucrados y no considero que la situación le perjudique o le beneficie directamente.“Quiero ser claro y es que el fiscal Carlos Alarcón heredó el caso, no es un caso de él, y él viene ya con la obligación de acusar. Entonces, yo creo que el concurso no influye en si acusa o no acusa. Y le conozco a Daniella Camacho desde hace muchísimos años, y yo sé que a ella no le importa el qué dirán. Entonces, si tiene que absolver, absolverá, si tiene que condenar, condenará. Yo no creo, en general, que va a modificar la decisión que tomen, lo que va a modificar es la actitud que tomen”, sostuvo.En cambio, Gladys Terán, abogada del ciudadano chino Song Dongsheng, exrepresentante legal de Sinohydro proceso en la causa como autor directo del delito de cohecho, piensa que no existe ningún conflicto de intereses ni de parte del fiscal Alarcón, ni de la jueza Camacho al ellos llevar la fase de juzgamiento en el caso Sinohydro y participar en un concurso en el que intervienen porque creen que deben hacerlo y tienen sus méritos.PublicidadLa exjueza de la Corte Nacional es clara en decir que todavía sigue confiando en la justicia y espera que Carlos Alarcón, como operador de justicia, y Daniella Camacho, como administradora de justicia, puedan probarse el delito que se acusa, pero con pruebas directas, no con suposiciones o meras inferencias. “Yo sigo confiando en la justicia porque solamente se condena con pruebas”, refirió la defensora, quien insiste en que su representado es inocente y que la Fiscalía no ha presentado una prueba contundente de que hubo un cohecho o de que alguien cohechó a un empleado público. 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