El Gobierno chileno ha convocado a tres países fronterizos, Argentina, Perú, Bolivia, y ha sumado también a Ecuador, a la Reunión de Alto Nivel Compromiso Regional de Santiago Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la que participaron cinco cancilleres, cuatro ministros de Seguridad y uno de Interior, quienes suscribieron un acuerdo conjunto de cooperación. En la apertura el presidente José Antonio Kast, de la extrema derecha conservadora, ha dicho que la cita “no es solamente un gesto político, no es un hito diplomático”, sino que “va mucho más allá. Aquí puede haber un antes y un después”.Kast dijo que si bien la reunión, que gestionó su canciller Francisco Pérez, arrancó en Santiago, en adelante también se puede efectuar en otras capitales y “convocar a más personas. Esto es un punto de inicio para algo que nos convoca a todos, porque, al menos, podemos decir que estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades. Y eso debe pasar de las palabras a los hechos”. “Hoy nuestra región está en un momento muy privilegiado, de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo. El crimen organizado está violando los derechos humanos de todos nuestros compatriotas, y eso hay que enfrentarlo con decisión y con fuerza, porque la libertad es, junto con la vida, el derecho humano que más debemos cuidar”, agregó.Pérez, en tanto, señaló que “Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile” han decidido “enfrentar unidos la delincuencia organizada transnacional” y que se requiere una respuesta conjunta. “Frente a una amenaza que no reconoce fronteras, la respuesta tampoco puede quedarse dentro de las fronteras nacionales”. “Aquí hay una voluntad real, vamos a hacer frente a la delincuencia, unidos. Hoy nace el compromiso de Santiago”, señaló el canciller.Los cinco países, que se volverán a reunir dentro de 180 días, acordaron la conformación de un grupo de trabajo que elabore un Plan de acción conjunto “para enfrentar la delincuencia organizada con acciones concretas y resultados medibles y verificables”; coordinar esfuerzos técnico-operativos dentro de los próximos 90 días y encomendar al Grupo de trabajo levantar propuestas en seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control fronterizo.El canciller chileno ha dicho que el paso siguiente es que el Compromiso Regional de Santiago se presente ante la quincuagésima sexta Asamblea General de la OEA “a fin de convocar a más países del continente americano a trabajar en conjunto para el objetivo común, el combate a la delincuencia organizada transnacional. Este es un punto de partida y la base para un trabajo futuro”. La reunión fue también el debut internacional de Martín Arrau, el segundo ministro de Seguridad que Kast tiene en poco más de dos meses, desde que arrancó el Gobierno, tras su ajuste de Gabinete hace ocho días, cuando sacó del puesto a Trinidad Steinert. “Lo que atravesamos como país y como región es un fenómeno compartido que no podemos mirar de manera aislada”, dijo antes sus pares. “Tenemos que empezar a operar de manera más coordinada. No puede ser que el crimen organizado se haya enfrentado con estados desorganizados. Y es allí donde la cooperación, la confianza, la interoperatividad, los datos y la interagencialidad, son principios fundamentales”, agregó. Arrau dijo que el compromiso es “muy práctico” y que no puede quedarse en palabras. “Lo importante no es que nos juntamos y hagamos una muy bonita foto, sino que efectivamente nos vamos a volver a juntar a medir resultados concretos”.Por Argentina viajaron el canciller de Javier Milei, Pablo Quirno, y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y por Bolivia el canciller Fernando Aramayo. En representación de Ecuador participó la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro de Seguridad Pública Jorge Rivadeneira. Por Perú el canciller Carlos Pareja y el ministro del Interior, José Zapata.A la cita también convocado el fiscal nacional Ángel Valencia, quien realizó una exposición reservada ante los asistentes. El abogado asumió a comienzos de 2023, y ha puesto el foco de su administración en las investigaciones contra organizaciones transnacionales que operan en Chile hace unos seis años. Una de ellas es el Tren de Aragua, de origen venezolano, que ha cambiado el panorama delictual, lo que ha derivado en que se cometan delitos que no eran frecuentes, como los secuestros extorsivos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, y los sicariatos. Varios de sus integrantes, que se han expandido con distintas células en todo el país, han ingresado por pasos no habilitados por la frontera norte, que limita con Perú y Bolivia. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) han dado varios golpes a la organización a partir de 2022, aunque es una banda que se rearticula. En junio de 2025 por primera vez se atacó a su maquinaria financiera, cuando se detuvo a una red de lavado de activos que operaba en Santiago, Valparaíso y Los Lagos, en sur, y que logró sacar de Chile 13,5 millones de dólares.Otra de las bandas que ha operado es Los Pulpos, que ingresó desde Perú, dedicada principalmente a las extorsiones de comerciantes, aunque gran parte ha sido desarticulada. Con Bolivia hay un problema que se arrastra hace años: el robo de automóviles en Chile que son llevados a ese país y son intercambiados por droga. Con Argentina, en tanto, se ha pesquisado ingreso de armas. Previo a la firma del acuerdo, se explicó que tiene cinco áreas. Arranca con el intercambio de información entre servicios de inteligencia, fiscalías y policías de todos los países; la coordinación fronteriza para el control del paso de personas, mercancías y flujos ilícitos; la trazabilidad de flujos financieros ilícitos para perseguir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado; la cooperación entre organismos técnicos nacionales como aduanas, policías, migraciones y unidades de análisis financiero. Se suma el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta para las amenazas comunes.Para la firma del acuerdo Chile aportó antecedentes recopilados por el ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII), Migraciones y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).