La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba reconoció en una sentencia la responsabilidad del Estado en un caso de efectos adversos graves por la vacunación contra el COVID-19. El tribunal ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que culmine el trámite para indemnizar a María Virginia Ruiz, cuya hija falleció a los 24 años tras desarrollar un cuadro de trombosis días después de recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V.
El caso: una muerte por efectos adversos
Melina Agustina Sartori gozaba de buena salud hasta que el 15 de julio de 2021 recibió la primera dosis de la vacuna de vector adenoviral en el Orfeo Superdomo de la ciudad de Córdoba. Seis días después, comenzó con cefaleas y vómitos que derivaron en una internación de urgencia. Los estudios médicos confirmaron un cuadro de síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT), también conocido como VITT (trombocitosis inducida por vacuna), lo que finalmente le causó la muerte el 29 de julio de 2021.
La madre inició el reclamo ante el Fondo de Reparación COVID-19 (Ley 27.573), pero la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) inicialmente lo rechazó basándose en que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) había calificado el evento como "Indeterminado B1" en agosto de 2021, argumentando falta de evidencia suficiente en ese momento.
