Con observaciones a puntos como las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), denuncias anónimas, falta de inversión en salud y educación, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, en el pleno de la Asamblea Nacional.La sesión 095 se instaló la tarde de este miércoles, 27 de mayo de 2026, con la presencia de 137 legisladores, cuando se conoció el documento para primer debate aprobado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana e impulsado por su presidenta, la legisladora Diana Jácome, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca fortalecer la protección integral de la niñez y la adolescencia frente a las estructuras de delincuencia organizada que utilizan a menores de edad en actividades ilícitas.PublicidadActualmente, el reclutamiento de menores está sancionado en los artículos 127 y 369.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas que van de 10 a 13 años de prisión y, en determinados casos, de 13 a 16 años.La reforma propone elevar las sanciones. En el caso del artículo 127, relacionado con el reclutamiento o utilización de menores en conflictos armados o grupos armados, la pena aumentaría de 22 a 26 años de prisión. Asimismo, para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos, contemplado en el artículo 369.1, se plantea una sanción de 19 a 22 años, que podría incrementarse de 22 a 26 años cuando exista relación con la comisión de otras infracciones penales.Durante la sesión, Jácome defendió el endurecimiento de sanciones y afirmó que “el verdadero enemigo del Ecuador es el crimen organizado que abusa de la inocencia y vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes”.PublicidadPublicidad“Hoy les decimos que se les acaba la fiesta. Ustedes no merecen compasión; la compasión es para las madres y padres que se esfuerzan por llevar el pan a sus hogares”, expresó.La legisladora explicó que el proyecto consta de 37 artículos y dos disposiciones transitorias, y recoge aportes de especialistas. Además, incorpora medidas de prevención digital para bloquear contenidos vinculados a estructuras criminales, al advertir que redes sociales, videojuegos y plataformas digitales son hoy mecanismos de captación.Publicidad“El reclutamiento ya no ocurre únicamente en las calles; hoy las pantallas son una vía de adoctrinamiento. Esta ley también contempla becas y procesos de reintegración para menores captados, porque merecen un futuro”, sostuvo.Desde la oposición, el asambleísta Xavier Lasso, de Revolución Ciudadana (RC), respaldó el objetivo general del proyecto, pero cuestionó que el enfoque esté centrado en la seguridad punitiva.“Resulta imposible negarse a una propuesta que busca prevenir el reclutamiento, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con más militares? Eso solo ha traído episodios graves como las desapariciones de los niños de Las Malvinas”, dijo.Lasso advirtió que sin políticas públicas integrales el alcance será limitado. Citó cifras de deserción escolar y reclamó más inversión en educación, cultura, deporte y salud. “El camino al infierno está repleto de buenas intenciones. Sin voluntad política, la niñez ecuatoriana seguirá abandonada a merced de las bandas criminales”, afirmó.PublicidadEn una línea similar, la legisladora Verónica Íñiguez (RC) cuestionó que se presente una respuesta integral mientras persisten recortes institucionales.“Subir penas es fácil; poner recursos, equipos y protección real en territorio es lo que demuestra voluntad política”, señaló.Asimismo, Pamela Aguirre (RC) recordó que el reclutamiento también responde a condiciones estructurales de pobreza y exclusión. “No queremos que los niños sean criminalizados. Estos menores son víctimas de la delincuencia organizada”, enfatizó.Desde el Partido Social Cristiano (PSC) hubo respaldo con observaciones. El legislador Otto Vera señaló que el fenómeno se ha agravado por la pobreza y el acceso masivo a internet, por lo que pidió fortalecer mecanismos de denuncia reservada y educación preventiva.El legislador independiente Sergio Peña, afín a ADN, pidió dividir el tratamiento legal entre prevención y sanción para adolescentes que ya participan activamente en delitos violentos, mientras que Jhajaira Urresta, también cercana al oficialismo, insistió en incorporar un rol más activo de los gobiernos autónomos descentralizados para protocolos de rescate y recuperación de espacios seguros.En próximos días con la recepción de observaciones para la construcción del informe para segundo debate. El proyecto fue presentado el 21 de enero de 2026 por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg. (I)