El dinero desviado correspondía a los programas Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas Desplazadas por la Violencia.Foto: DijResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00Este 27 de mayo se llevó a cabo una operación simultánea en las ciudades de Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Montería (Córdoba), en la que se hicieron efectivas las órdenes de captura contra 11 personas señaladas de robar, presuntamente, más de COP 3.000 millones del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).La operación estuvo coordinada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la investigación, esta red criminal, denominada por las autoridades como “Hacker”, suplantaba las huellas dactilares de las víctimas para hurtar el dinero destinado a familias en situación de alta vulnerabilidad.Lea: Las razones por las que suspendieron requisito que impedía a Banrep sesionar sin minhaciendaSegún explicó la Dijín, “los peritos judiciales, mediante minuciosos cotejos dactiloscópicos, lograron evidenciar que la red accedía de forma ilegal al software diseñado para enrolar las huellas de los beneficiarios legítimos, con el fin de modificarlas por las del jefe de la organización y las de sus cómplices, y así realizar los cobros fraudulentos”.Los investigadores identificaron a alias “Yeimar” como el presunto jefe del entramado criminal. Además, señalaron que los integrantes de la red, quienes tenían roles específicos como reclutadores, cobradores y suplantadores, habrían empezado a cobrar fraudulentamente los subsidios en Medellín (Antioquia) y otros municipios del departamento.Le puede interesar: ¿Por qué los militares no pueden votar en las elecciones presidenciales de Colombia?La Dijín indicó que, posteriormente, los integrantes de la red de hackers decidieron expandir sus operaciones hacia las ciudades de Ibagué (Tolima), Montería y Barranquilla, “donde buscaron lugares específicos para realizar falsificación de documentos de identidad, acceder abusivamente a los sistemas informáticos y captar colaboradores para realizar los cobros”.Según detalló el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas Desplazadas por la Violencia, “identificando más de 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios”.Más noticias judiciales: Fuerza Aeroespacial busca dron de inteligencia con el que perdió contacto en CaucaAdemás, el coronel Alfonso Sanabria señaló que la investigación aún continúa con la búsqueda de más integrantes y colaboradores de la organización criminal, entre ellos posibles funcionarios públicos que habrían entregado información privilegiada a la red de hackers.Las 11 personas detenidas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien legalizó sus capturas. Posteriormente, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.Le puede interesar: Doce soldados heridos por ataque con explosivos en batallón en Riohacha (La Guajira)Durante los allanamientos, las autoridades incautaron nueve computadores, ocho terminales telefónicas y tres discos duros. También encontraron máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras y material para la presunta creación ilícita de cédulas de ciudadanía.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.Conoce másTemas recomendados: