El bus llegó a Villahermosa a las dos de la madrugada. Los agentes migratorios mexicanos les quitaron las esposas y les dijeron que eran libres. Nadie les explicó dónde dormir, cómo conseguir comida ni qué hacer a continuación. Algunos llevaban ropa de detenido. Muchos tenían más de 60 años. Varios estaban enfermos.Esa escena, repetida durante meses en varias ciudades del sureste mexicano, principalmente Tapachula y Villahermosa, es el hilo conductor de un largo informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW). Titulado “Nos abandonan aquí a morir”: Deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y otros nacionales de terceros países, el reporte documenta los abusos cometidos por Washington contra migrantes deportados a México, así como la falta casi total de respuesta del Gobierno mexicano ante una crisis humanitaria que se desarrolla en su propio territorio.Entre el primer día del segundo mandato de Donald Trump y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a casi 13.000 nacionales de terceros países, personas que no son ciudadanas ni de Estados Unidos ni de México. Esto representa el 70% del total de deportaciones de este tipo, que también se han dado a varios países centroamericanos y africanos.A pesar del número tan alto de deportados, la base legal de estas expulsiones es opaca. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense reconoció ante un tribunal federal la existencia de un “acuerdo vigente (no escrito)” con México para estas deportaciones, sin identificar fundamento jurídico alguno. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha evitado reconocer formalmente la existencia de un pacto, describiendo las recepciones como un gesto “humanitario” cuando ha hablado de ellas. EL PAÍS ha solicitado información al respecto por parte de las autoridades mexicanas, pero no ha recibido respuesta. De entre los extranjeros deportados a México, los cubanos constituyen el grupo más numeroso —4.353 personas en el periodo analizado—, en gran medida porque el Gobierno de Cuba se niega a recibir de vuelta a muchos de sus ciudadanos, en particular a quienes emigraron hace décadas o tienen antecedentes penales. Durante años, esa negativa de La Habana protegió a miles de cubanos con órdenes de deportación pendientes en Estados Unidos, que vivían bajo un régimen de supervisión migratoria que les permitía trabajar y residir en el país a pesar de las órdenes que pesaban contra ellos. Trump ha acabado con esa tolerancia de facto.El perfil de los deportados cubanos que describe HRW confronta la narrativa de la deportación como herramienta contra la más grave criminalidad. Casi todos los entrevistados habían sido residentes permanentes legales —tenían green card— y, aunque la mayoría había perdido ese estatus tras condenas penales, en muchos casos había sido por delitos menores cometidos hace años: conducir bajo los efectos del alcohol, cargos menores de drogas, falsificación de documentos...El informe, basado en entrevistas a 53 deportados y 27 funcionarios, abogados y activistas, establece un patrón claro: detenciones realizadas en citas rutinarias ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en domicilios, en el trabajo o al salir de prisión; luego, traslados en autobús hasta la frontera norte de México —esposados de muñecas, cintura y tobillos—; finalmente, paso a la custodia de las autoridades mexicanas, que los recogen y transportan durante dos o tres días hacia el sur del país.Condiciones inhumanas en ambos lados de la fronteraEstán bien documentadas las condiciones en los centros de detención migratoria del ICE. Este informe refuerza esta documentación: hacinamiento, temperaturas extremas, acceso limitado a atención médica, alimentos insuficientes e iluminación permanente. Además, al menos 15 entrevistados describieron episodios de violencia física o verbal, incluyendo periodos de aislamiento. Asimismo, uno de los testimonios recogidos coincide con reportes públicos sobre la muerte de un detenido cubano en El Paso, Texas, cuya autopsia clasificó como homicidio por “asfixia debido a compresión del cuello y torso” durante una inmovilización.Al llegar a México, la situación no mejora: los deportados son dejados en libertad sin documentos, sin dinero y sin orientación. Veintidós de los cubanos entrevistados padecían enfermedades crónicas —diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, cáncer— y no tenían sus medicamentos ni acceso a ellos.La situación la cristaliza el destino de un cubano de 67 años llamado Ricardo del Pino Olivera, que falleció en Villahermosa el 21 de febrero de 2026 tras semanas de hospitalización por desnutrición severa. Su acta de defunción registró su nacionalidad como “desconocida”.Además, la complicada situación de seguridad en las ciudades de destino, principalmente en el sur del país, en los Estados de Chiapas y Tabasco, expone a los deportados a la criminalidad. En 2024, Tabasco registró su tasa de homicidios más alta de su historia, un incremento del 204% respecto al año anterior, en gran parte ligado a disputas entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y facciones rivales. En Chiapas, la violencia ha escalado de forma similar. “Los migrantes son la mercancía del crimen organizado”, advirtió al equipo de HRW Josué Leal, coordinador del albergue Amparito en Villahermosa, que en abril cerró sus puertas por razones de seguridad.El problema de fondo es estructural, resalta el informe. México no ofrece a estas personas una vía real hacia la residencia permanente. Su única opción es solicitar refugio ante la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), un proceso plagado de obstáculos burocráticos que se han agravado desde que la Administración Trump redujo drásticamente los fondos a ACNUR: de 50 millones de dólares aportados en 2024 a apenas 8 millones en 2025. El resultado es un callejón sin salida. Mientras tramitan su solicitud, los solicitantes deben permanecer en el Estado donde la presentaron —precisamente los Estados con mayor violencia—, y no pueden acceder a un empleo formal. Además, el escenario en caso de rechazo de su solicitud de refugio es incierto hasta el absurdo: no pueden volver a sus países de origen, no tienen estatus en México y no pueden regresar a Estados Unidos. Si bien este fenómeno ha sido cubierto, no está en la agenda política mexicana ni estadounidense de manera consistente y seria. El informe de HRW busca generar un impacto en los gobiernos implicados al describir de manera profunda una práctica sistemática que está dejando a miles de personas en un limbo sin resolución aparente.