El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La normativa aumenta la presión sobre Paz para que ponga fin a las protestas y los bloqueos de carreteras que desde hace casi un mes tienen cortados los principales accesos a La Paz, la capital administrativa, por sectores que exigen su renuncia. El documento fue firmado por el Ejecutivo pasada la medianoche, momentos después de que la Cámara de Diputados la sancionara con una mayoría de dos tercios y tras un debate de casi cinco horas. Con la ley aprobada, la Asamblea logra incrementar la presión que ejerce sobre el presidente para desplegar las fuerzas armadas en calles y carreteras de Bolivia. El conflicto social ha crecido con el paso de las semanas y todos los intentos del presidente de abrir una vía de diálogo han fracasado. En los últimos ocho días hubo tres enfrentamientos en el centro de La Paz entre manifestantes y policías en una escalada de violencia que ya se ha cobrado la vida de un manifestante. El Gobierno, además, responsabiliza a quienes mantienen bloqueadas las carreteras de la muerte indirecta de cuatro personas por falta de atención médica. La Ley 1731 abroga otra norma, la 1341, que entró en vigencia hacia el final de la presidencia transitoria de Jeanine Áñez, en 2020. Fue promovida por el Congreso, entonces controlado por parlamentarios del anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y tras las duras represiones de Áñez contra los que protestaban por el derrocamiento del expresidente Evo Morales. Se trataba de una especie de candado al Ejecutivo cuando se decretaba un estado de excepción, como limitaciones de tiempo o uso del Ejército sólo si la Policía se veía superada.Los diputados que apoyaron la anulación justificaron la decisión en “poner orden” en el país, asediado por protestas de varios sectores populares y movimientos sociales que exigen la renuncia de Paz, al no ver una salida a la crisis económica y sentirse “traicionados” por el Gobierno. Ese fue el discurso del asambleísta precursor de la abolición, Carlos Alarcón de la bancada Unidad, de derecha y aliada del presidente. “Se ha elegido un Gobierno legítimo y está en ejecución la ruptura del orden constitucional y democrático”, aseguró al tiempo de responsabilizar de las movilizaciones a los “apetitos personales de[l expresidente] Evo Morales y su pandilla”.