El Gobierno de Estados Unidos da una nueva vuelta de tuerca en su intento de controlar la información que llega a los ciudadanos. El presidente Donald Trump quiere obligar a los empleados públicos de algunas agencias gubernamentales a firmar acuerdos de confidencialidad con el objetivo de evitar las filtraciones a los periodistas. La oficina que gestiona los recursos humanos de la Administración publicó el martes un borrador según el cual las agencias que decidan adoptar este acuerdo podrían perseguir civil y penalmente a quienes violen el acuerdo de confidencialidad. El proyecto afectaría tanto a quien trabaja ahora para la Administración federal como a quien lo haga en el futuro.Las asociaciones de defensa de la libertad de expresión ya han puesto el grito en el cielo. “Los esfuerzos por sofocar las interacciones entre los funcionarios y los periodistas amenazan el acceso del público a la información”, dijo Gabe Rottman, vicepresidente del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, organización sin ánimo de lucro que presta servicios legales a periodistas en Estados Unidos. Despachos de abogados que representan a los funcionarios creen que esta iniciativa podría tener problemas para salir adelante por vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución, aquella que garantiza, entre otras cosas, la libertad de expresión, por considerar que un empleado público está protegido si expresa su opinión en condición de ciudadano. La OPM, la oficina que gestiona el personal de la Administración, defendió en cambio la decisión. “En gran parte del sector privado, a los empleados que gestionan información de carácter sensible se les exige habitualmente firmar acuerdos de confidencialidad. El Gobierno federal no debería regirse por un estándar inferior”, afirmó en un comunicado Scott Kupor, director de la OPM.Otros ataques a los medios Esta no es una medida aislada. Desde que Trump volvió a la Casa Blanca el pasado enero, él y miembros de su Gobierno han presentado demandas contra grandes medios por valor de decenas de miles de millones de dólares con el argumento de que sus informaciones eran perjudiciales para los líderes del Partido Republicano. El presidente define sistemáticamente como “noticias falsas” a los medios cuya cobertura no le agrada. El año pasado, después de que Associated Press anunciara que iba a seguir usando el nombre de golfo de México —y no de América, como pretende Trump—, la Casa Blanca anunció que la agencia no tendría acceso a espacios como el Despacho Oval o el avión presidencial, el Air Force One. Además, el mandatario no esconde su alegría cuando acaba con alguna voz crítica. Pasó, una vez más, la semana pasada. Nada más terminar el último programa del showman Stephen Colbert, que había caído de la parrilla de la CBS tras criticar el acercamiento de su canal al presidente, Trump publicó varios mensajes en redes sociales celebrando el fin del late night de Colbert. E incluso posteó un vídeo generado por inteligencia artificial en el que el líder de la primera potencia mundial agarraba al presentador televisivo por la espalda y lo tiraba a un contenedor. Después, Trump se ponía a hacer su característico baile. Según el borrador conocido, las personas que hubieran trabajado como empleados públicos necesitarían, una vez que hubieran dejado sus cargos, “un permiso escrito de una agencia oficial autorizada” para hablar con periodistas sobre información que el Gobierno de Trump considere “confidencial”. Los antiguos empleados públicos que violaran esta norma se enfrentarían a cargos civiles y penales. Además, el Gobierno tendría derecho a los beneficios que los empleados obtuvieran por divulgar información que infrinja el acuerdo.El Departamento de Defensa que dirige Pete Hegseth ya ha tomado decisiones en este sentido. El Pentágono ha reclamado a varios funcionarios que firmen estos acuerdos de confidencialidad, sobre todo aquellos involucrados en las operaciones militares impulsadas por el presidente en América Latina.