La Audiencia Nacional ha reclamado al PSOE documentación sobre la campaña electoral del PSC en las elecciones de 2024 en las que se impuso Salvador Illa, actual president de la Generalitat. La investigación, dirigida por el magistrado Santiago Pedraz, insta a facilitar la documentación remitida a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, desde estados contables, contratos y facturas hasta gastos de propaganda y publicidad. La petición forma parte de un auto en el que el juez de la Audiencia Nacional sostiene que desde la dirección del PSOE se mantenía una “unidad de acción y dirección” para intentar “desestabilizar” procesos judiciales abiertos contra el partido. Con ese objetivo, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede federal del PSOE la mañana de este miércoles. El juez también ha imputado a la gerente del PSOE, Ana Fuentes; a Santos Cerdán, ex secretario de Organización; a Gaspar Zarrías, ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía; y al empresario Javier Pérez Dolset. Se trata de la causa abierta sobre la exmilitante socialista Leire Díaz, que fue detenida en diciembre pasado.Tras las informaciones divulgadas, el PSC ha elaborado un comunicado en el que asegura que ha respetado en todo momento la “legislación electoral” y que ha actuado con “total transparencia”, informa Àngels Piñol. “Toda la documentación relativa a la campaña electoral de 2024 está depositada en la Sindicatura de Comptes y ha sido objeto del informe correspondiente”, dice la nota, que adjunta el citado informe sobre las elecciones que acabó venciendo el actual president Salvador Illa. El PSC apunta que ha recopiado toda la información, que había sido enviada con antelación a la Sindicatura de Cuentas, para que sea puesta a disposición judicial con el ánimo de colaborar con la justicia y consciente del requerimiento que se hace al PSOE en el auto. “Hemos colaborado y colaboraremos con las autoridades judiciales en todo lo que sea necesrio. También destacamos que el auto no contiene ninguna afirmación que vincule la campaña electoral catalana con los hechos investigados”, zanja la nota.Las elecciones celebradas en Cataluña el 12 de mayo de 2024 supusieron un sustancial giro político en Cataluña, al dejar atrás gobiernos liderados por formaciones independentistas y el proceso independentista que logró su cénit en otoño de 2017, con la convocatoria de un referéndum independentista. Salvador Illa logró la presidencia tras pactar el acuerdo de investidura con ERC, después de que esta formación fuera incapaz de aprobar los Presupuestos y convocara elecciones. El auto firmado por Pedraz señala que las actuación que investiga en el seno del PSOE empezó a principios de 2024. Entonces, Leire Díez y Santos Cerdán “no solo mantenían una relación previa, sino que ambos ya formaban parte” de un “grupo organizado” en búsqueda de comisiones. Según el escrito, a partir de ahí, y después de que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, fuese imputada y Pedro Sánchez se tomara unos días para decidir sobre su futuro al frente del Gobierno, Cerdán, supuestamente, organizó un encuentro en la sede socialista en el que participan el vicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández; el empresario Javier Pérez-Dolset; el ex jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE antes de llegar a La Moncloa, Juan Manuel Serrano, y el director de comunicación del PSOE de entonces, Ion Antolín, además de Cerdán. “Esa reunión se considera un punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada”, reza el texto. Ahí se confabulan supuestamente para “desarrollar una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de estas causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno”. No queda aclarado, en el auto, sin embargo, la implicación que pudieran tener las actuaciones realizadas durante la campaña de las catalanas de 2024. La petición de documentación de Pedraz sobre la campaña autonómica del PSC llega unos días después de que un proyecto catalán, el de la construcción de un gran casino en la costa de Tarragona proyectado por el grupo estadounidense Hard Rock, apareciera en un informe policial porque Julio Martínez, socio del expresidente José Luis Zapatero, lo había situado como un posible objetivo de negocio para una constructora para la que trabajaba, Aldesa. Ese casino, presupuestado en unos 2.000 millones de euros y controvertido en Cataluña, fue el que bloqueó los Presupuestos de 2024 y que acabó provocando al president Pere Aragonès dar por finalizada la legislatura y convocar elecciones. Mientras los Comunes reclamaban su paralización, el PSC reclamaba que continuara. Este miércoles, además, Junts ha instado una comparecencia de Salvador Illa para explicar los contratos cerrados por la Generalitat por 127 millones de euros con Huawei, supuestamente vinculada con Zapatero.