M+.- Sobrevivientes de violencia doméstica, de trata de personas y crímenes graves que fueron arrestadas y deportadas por el gobierno de Donald Trump, obtuvieron un fallo judicial que podría cambiar su situación: un juez federal determinó que lo que les hicieron los agentes de la migra fue ilegal.De acuerdo con la investigación de MILENIO, el 20 de mayo, el juez André Birotte Jr, del Tribunal de Distrito Central de California, bloqueó tres políticas migratorias de la administración Trump que desde enero de 2025 habían permitido detener y deportar de forma rutinaria a personas que buscaban protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, conocida como VAWA, por sus siglas en inglés.Esta determinación también cubre a aquellas personas que aplicaban a los programas de Visa U y Visa T, beneficios migratorios que el Congreso creó específicamente para víctimas de crímenes graves y de trata de personas que deciden cooperar con las autoridades.La orden tiene alcance nacional y exige además que tres de las demandantes ya deportadas regresen a Estados Unidos, entre ellas, una mujer que al bajar del avión encontró a su agresor esperándola en el aeropuerto. MILENIO tuvo acceso al expediente completo del caso que documenta con nombre e historia lo que esa nueva política de Trump significó para mujeres migrantes.La guía que borró 14 años de protecciónEl 30 de enero de 2025, 10 días después de que Trump regresó triunfal a la Casa Blanca, el Servicio de Inmigración conocido por sus siglas ICE, emitió la Guía 2025, un memorando que en pocas páginas derogó dos directivas federales vigentes desde 2011. Se trataba de la obligación de los agentes de abstenerse de perseguir a personas con solicitudes de Visa U, Visa T o VAWA pendientes, y el mandato de verificar con la agencia correspondiente si esas solicitudes eran legítimas antes de proceder con una deportación.La lógica original para otorgarles protección era que, si una víctima de violencia doméstica sabe que llamar al 911 puede costarle la deportación, decide no llamar. Igualmente, si una sobreviviente de trata sabe que cooperar con la fiscalía la convierte en deportable, tampoco le convendría cooperar. Con la Guía 2025, ICE estableció que sus agentes ya no estaban obligados a considerar la condición de víctima como un factor positivo en sus decisiones, ni a solicitar una evaluación preliminar del caso antes de ejecutar una deportación. “Antes de 2025, el ICE respetaba religiosamente el estatus de acción diferida”, declaró ante el tribunal un exfiscal federal adjunto. La acción diferida es una autorización temporal del gobierno que protege a una persona de ser deportada mientras su solicitud migratoria está pendiente. “Ninguno de nuestros clientes con solicitudes U, T o VAWA pendientes fue deportado sin una revisión de su caso. Nunca habíamos tenido un cliente deportado con acción diferida vigente”, sostuvo.