La inversión privada doméstica sigue un patrón completamente distinto al de la inversión extranjera. Mientras la primera va boyante, creciendo al 10.4% anual y alcanzando niveles históricos, la segunda se ha puesto en huelga. Desde que la victoria electoral de Morena se cantó, los actores domésticos comenzaron a invertir cada vez menos. La diferencia responde a una disparidad de perspectivas. Los primeros comparan a México con otras economías emergentes y lo observan en relativa ventaja. Los segundos lo comparan con el país que desearían tener, pero que ya no existe.A ojos de los inversionistas domésticos, tres aspectos han vuelto a México no merecedor de su dinero: la reforma al poder judicial, el cobro más riguroso de impuestos del SAT y la incertidumbre sobre la revisión del TMEC. En los tres temas circulan expectativas y estrategias que no siempre se sostienen en la realidad y que valdría la pena releer.Sobre la reforma judicial, lo cierto es que hay buenas y malas noticias. La buena es que Sheinbaum reconoce que varios aspectos resultaron perjudiciales y está dispuesta a introducir correcciones. La mala es que, si los inversionistas domésticos creen que la única forma de resolver el problema es eliminando las elecciones, se van a quedar esperando.Sheinbaum no tiene ni la fuerza política, ni el apetito por revertir la elección judicial. Ella hizo campaña bajo esa promesa y tiene una convicción genuina de que el voto popular es un mecanismo de selección más legítimo que la caja negra de las élites jurídicas.Lo que sí está sobre la mesa es moderar el alcance de la elección, es decir, hacerla menos relevante al volver más técnico el proceso de preselección. La intención sería utilizar la Escuela Nacional de Formación Judicial como filtro, de manera que solo lleguen a la boleta quienes cumplan con los estándares de probidad y conocimiento que anteriormente se fijaban mediante el sistema de carrera judicial. Lo que se ofrece es volver a la elección irrelevante, pero nunca quitarla.En cuanto al SAT, el inversor doméstico haría bien en ampliar el marco de la discusión. La disyuntiva para un país con los compromisos fiscales de México no es entre el esquema actual y el cobro flexible y casi voluntario de años anteriores. La verdadera alternativa es entre el esquema actual y una reforma fiscal de fondo.Una reforma fiscal sería preferible a la discrecionalidad vigente, pero conviene tener expectativas calibradas. La versión que Morena impulsaría no sería, como algunos imaginan, un incremento al IVA, una reducción del impuesto a la nómina y la eliminación del IVA cero a alimentos y medicinas. Sería, con alta probabilidad, una reforma progresiva que elevaría el ISR y el cobro del predial, enfocada en personas físicas, sin reducir las cuotas del seguro social ni el impuesto a personas morales.Tener este panorama claro ayuda porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Muchos empresarios, me atrevo a decir la mayoría, pagan hoy menos impuestos de los que pagarían bajo una reforma fiscal progresiva. El SAT ha sido draconiano, sí, pero con un número limitado de actores. La mayoría sigue beneficiándose de tasas relativamente bajas y de deducciones francamente flexibles. Más aún, la presidenta ya ha mandado señales de tregua mediante la nueva titularidad de grandes contribuyentes.Finalmente, sobre la revisión del TMEC, la expectativa más realista es reconocer que Trump probablemente prefiera un acuerdo de corto alcance, revisable año con año, que coexista con aranceles.Es fundamental reflexionar sobre lo que un TMEC, bajo Trump, realmente significa. A diferencia del NAFTA de 1994, firmado en un momento en el que el mundo confiaba en la globalización como palanca de desarrollo, o del TMEC de 2020, que se firmó cuando se creía que algunos capítulos laborales, ambientales y de paneles de inversión eran suficientes para alinear los incentivos entre Estados Unidos y México. El tratado actual llega en un contexto radicalmente distinto.Hoy, al interior de Estados Unidos, el 60% de la población tiene una mala percepción sobre México y el 56%, entre ellos Trump y su equipo comercial, consideran que el tratado ha perjudicado a Estados Unidos más de lo que lo ha beneficiado. El mundo se ha cerrado, y el TMEC, más que ser, a ojos de nuestro principal socio comercial, un instrumento de crecimiento compartido, se ha convertido en una herramienta de extorsión.Esta no es una interpretación, es lo que la propia Administración Trump ha plasmado en su último documento de seguridad nacional, donde señala explícitamente que Estados Unidos debe explotar la dependencia comercial de otras naciones para que empresas americanas inunden esos mercados y capturen ganancias. Es decir, quien crea que el TMEC busca, como antes, abrir espacio para el desarrollo de empresas mexicanas no está leyendo bien los tiempos.Pongo todo lo anterior en plata pura porque con frecuencia persiste en el inversionista doméstico la ilusión de que el TMEC de 1994, el SAT de 2014 y el Poder Judicial de 2017 se reinstalen. No va a pasar. El tablero ha cambiado y quienes más rápido lo entiendan mejores decisiones podrán tomar.Una discusión pendiente, y más productiva que la huelga de inversión, sería preguntarnos si existen estrategias que pudieran hacer que el inversor doméstico se beneficiara de las mismas condiciones que observa el inversor extranjero. Me parece que sí.En materia judicial, hay dos caminos que los inversores domésticos podrían explorar. El primero es, de forma similar a como lo hacen empresarios en Guatemala, constituir empresas extranjeras como canal para sus inversiones, de forma que puedan recurrir a paneles de inversión antes que al sistema jurídico doméstico. El segundo es construir relaciones sólidas al interior del poder judicial, algo que siempre ha existido en alguna forma y que la reforma ha, incluso, potenciado. Como quedó de manifiesto en el encuentro entre el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, y el empresario Carlos Slim, las mentes más ágiles ya identificaron ese camino.En materia fiscal, una discusión más productiva que la huelga sería tratar de incidir en la calidad del gasto público. Por ejemplo, condicionando las inversiones a que estas sean concesiones o asociaciones público-privadas, siguiendo la lógica de la nueva reforma en la materia que Morena aprobó.Finalmente, frente a la incertidumbre del TMEC, la apuesta estratégica no debe ser esperar, sino diversificar mercados y fortalecer la demanda interna. México tiene acuerdos comerciales con docenas de países. La mayoría de ellos han sido históricamente subutilizados por el exceso de comodidad que ofrecía el mercado estadounidense. Es tiempo de mirar a otros lados.En cuanto a los impuestos, un camino productivo sería tratar de incidir en cómo se utiliza el gasto público. Por ejemplo, aumentando la inversión pública productiva en detrimento del gasto corriente.Entiendo el pesimismo que permea en los inversionistas domésticos y considero que, en ciertos aspectos, está fundado. Sin embargo, la extrema cautela en un mundo donde el inversionista extranjero está tomando riesgos puede terminar siendo inconveniente. El pastel se lo come quien llega primero.La pregunta relevante para el sector privado no es si el tablero cambió, sino quién está dispuesto a ganar por aprender a jugar en él.